BOGOTA.? En una acción judicial que causó malestar en el gobierno de Alvaro Uribe, la ex candidata presidencial franco-colombiana Ingrid Betancourt y sus familiares presentaron una demanda contra el Estado de unos 6,8 millones de dólares por perjuicios económicos y daño moral a causa de los más de seis años que estuvo secuestrada por la guerrilla, confirmó ayer el Ministerio de Defensa.

Pero el organismo expresó que no existen elementos que muestren la responsabilidad del Estado en el secuestro de Betancourt en 2002 por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mientras ella hacía campaña para la presidencia. "El Ministerio de Defensa se declara sorprendido y apesadumbrado por la presentación de las referidas solicitudes, máxime por el esfuerzo y empeño de la fuerza pública en la planeación y ejecución de la Operación Jaque [por medio de la cual el ejército rescató a Betancourt y a otros 14 rehenes]", afirmó en un comunicado. El texto señala que el gobierno "tiene la convicción de que no existe ningún elemento objetivo que permita deducir la responsabilidad del Estado en estos hechos".

Betancourt alega que la indemnización que exige es por el dinero que dejó de percibir desde el comienzo hasta el fin de su secuestro. Ese monto fue evaluado por ella misma a partir del último salario que cobró cuando fue secuestrada.La ex candidata fue raptada cuando ingresó en una zona selvática controlada por las FARC, a pesar de que en ese momento el ejército y otras autoridades del gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana le recomendaron que no lo hiciera.

A partir de ese momento, Betancourt se convirtió en la rehén de mayor valor en poder de la guerrilla junto con los contratistas antidrogas estadounidenses Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves, a quienes los rebeldes procuraban canjear por guerrilleros presos.

El ministerio precisó que recibió dos solicitudes extrajudiciales con las cuales Betancourt y sus familiares convocan a la nación para conciliar los perjuicios que, en opinión de ellos, les provocó el secuestro. Ahora la Procuraduría deberá buscar una conciliación entre el Estado e Ingrid en los próximos 30 días. Si no es posible, el caso pasará a un tribunal que decidirá cómo proceder.

La Operación Jaque fue calificada en su momento por Betancourt como "perfecta". la ex rehén trasladó luego su residencia a Europa, en donde escribe un libro sobre su secuestro. Pero regresó a Bogotá el 2 de julio para celebrar el segundo aniversario de su rescate.