Argentina gastó, por diferentes conceptos, más de 2,5 millones de dólares en la defensa ante la Corte Suprema de Justicia de La Haya de la demanda presentada contra Uruguay por la instalación de la pastera Botnia-UPM en Fray Bentos.

La Cancillería decidió informar, debido a solicitudes formuladas por medios de comunicación, sobre los recursos humanos y materiales afectados a la defensa de la posición argentina.

"Siendo de acceso público todos los antecedentes relacionados con el caso desde que la Corte dispuso el cese de la confidencialidad, corresponde completar la información relacionada a los medios que estuvieron involucrados en el caso ante la Corte, tanto en lo que respecta a los recursos humanos como materiales. Los medios que se detallan no incluyen los correspondientes a la Secretaría de Ambiente y su equipo científico", explicó la Cancillería.

La Delegación argentina acreditada ante la Corte Internacional estuvo compuesta por la embajadora Susana Ruiz Cerutti, en calidad de Agente de la República Argentina ante la Corte; los embajadores Horacio Basabe y Santos Goñi Marenco, en calidad de co-Agentes; el ministro plenipotenciario Alan Béraud, en calidad de consejero y abogado; y el ministro plenipotenciario Holger Martinsen, el consejero Mario Oyarzábal, y los secretarios de embajada Fernando Marani, Gabriel Herrera y Cynthia Mulville, como asesores.

Los abogados y expertos externos a la Cancillería contratados fueron los profesores Alain Pellet, Philippe Sands, Marcelo Kohen, Laurence Boisson de Chazournes, Daniel Müller y Howard Wheater, y el doctor Neil McIntyre, según informó el Palacio San Martín a través de un comunicado.

Los recursos materiales puestos a disposición por la Cancillería ascendieron a 1.346.803,27 dólares; 614.699,84 euros; 161.063,34 libras esterlinas; 8.816,05 francos suizos; y 478.168,75 pesos. Los recursos totales afectados convertidos a dólares completan 2.549.137,17, representando el 0,16 % de los presupuestos de la Cancillería aprobados para los ejercicios 2006 al 2010.

Esta suma incluye todos los gastos y honorarios de abogados y expertos externos, pasajes y viáticos de los funcionarios de Cancillería, y otros gastos como traducciones e impresión de documentos, erogados por la Cancillería desde mayo de 2006 hasta la finalización de las audiencias orales el 2 de octubre de 2009, así como los desplazamientos a La Haya para asistir a la lectura de la sentencia.