Los antecedentes de la demanda presentada contra Aguas del Norte (Cosaysa), por la contaminación de ríos con descargas cloacales, fueron girados al Ministerio Público para que opine sobre la procedencia de la acción y el modo en que afectaría intereses del Estado provincial.

Con el requerimiento que formuló en las últimas horas el juez Civil y Comercial de Tercera Nominación, Luis Gutiérrez, se completaron los pasos procesales previos a la resolución de una de las causas que se tramitan contra Cosaysa por la vía de acciones de amparo colectivo. El expediente, que está a un paso de la sentencia, fue iniciado por un usuario de la capital salteña, Carlos Quevedo, en octubre de 2010, con el patrocinio del abogado Humberto Vázquez. Ayer el letrado destacó la celeridad que imprimió el juez interviniente a esta causa de interés público, tanto por el carácter estatal de la compañía demandada, como por los impactos sobre el ambiente y la salud que se atribuyen a serios incumplimientos prestacionales en el servicio de saneamiento cloacal. El eje de la demanda pasa por el deficiente a nulo funcionamiento de las plantas depuradoras que Cosaysa debe operar y mantener en condiciones en 25 localidades salteñas que cuentan con servicio cloacal. Este concepto representa el 50% de la factura que abonan los usuarios en diferentes áreas concesionadas. No obstante, filmaciones, fotografías y otros testimonios muestran a las plantas de tratamiento en deplorable situación en la capital provincial y otras 19 ciudades del interior. Los testimonios aportados también revelan una generalizada existencia de descargas directas de cloacas (by pass) sobre los ríos. El juez Gutiérrez pidió al Ministerio de Salud un informe sobre cerca de 600 mil personas que fueron atendidas en hospitales y centros sanitarios de la provincia, desde 2006 a estos días, por enfermedades de transmisión hídrica.