El juez Marcelo Bailaque ordenó abrir la investigación sobre los delitos económicos cometidos en la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, durante la última dictadura militar, "con plenos efectos penales". El requerimiento de instrucción fue impulsado por el fiscal Gonzalo Stara, para establecer las responsabilidades ante la intervención de la Vigil, en 1977; y el juez hizo lugar la semana pasada. Al parecer, no hay antecedentes en la provincia de una investigación de delitos económicos, que revisten la categoría de delitos de lesa humanidad por su conexión con los hechos de los que fueran víctimas los ex directivos. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) fue la primera en hablar de un tema "aún no ventilado" en los tribunales: el genocidio cultural. "Hubo un plan orquestado desde el Poder Ejecutivo Nacional para destruir todo vestigio de educación democrática y de libre pensamiento. Así lo demuestran los decretos e instrucciones dictados que se pusieron en vigor en todo el territorio de la Nación. Es una de las deudas pendientes, así como la de comenzar a desenmascarar a los civiles que pergeñaron dichas normas y los que las ejecutaron en los diversos cargos de la educación y la cultura", resaltaron desde la organización.

En el marco de la causa Feced, a mediados de julio, el juez Bailaque resolvió tener por parte querellante a los directivos de la biblioteca --sobrevivientes del ex Servicio de Informaciones de la policía--, que recuperaron sus cargos en la Comisión Directiva, el 30 de julio pasado: Augusto Duri, Raúl y Antonia Frutos; y también a la hija de Augusto, Celina Duri. Además, resolvió aceptar a la APDH, para impulsar la investigación de los hechos.

Casi al mismo tiempo, la fiscalía solicitó requerimiento de instrucción por los hechos de "robo agravado, daño agravado, estafas y otras defraudaciones cometidos contra el patrimonio de la biblioteca". Estos fueron considerados "hechos susceptibles de ser encuadrados dentro del plan sistemático de represión clandestina e ilegal implantado en nuestro país como política de estado a partir del 24 de marzo de 1976".

La APDH representada por la presidenta de la delegación Rosario, Norma Ríos, y patrocinada por la abogadas María del Carmen Martínez, Matilde Gatti y Eliana Masegosa; y los tres directivos de la Vigil patrocinados por los abogados Marcelo Abaca y Marcelo Scalona interpusieron las querellas que profundizan las denuncias, haciendo hincapié en los delitos económicos "cometidos por quienes arrasaron esa institución emblemática, destruyendo los logros de años de trabajo y esfuerzo mancomunado", recordaron. Ríos planteó que "es a destacar que en la denuncia de la APDH se nombra a los cómplices civiles de los genocidas, colaboradores, en la ejecución de crímenes de lesa humanidad como torturas, muertes y desapariciones; y que son parte del genocidio cultural y económico. Civiles que continuaron a través de los años reivindicando lo actuado, negociando los bienes de la Vigil, y aportando a la impunidad desde el espacio de poder, universidades y cargos políticos; mientras las víctimas de tanta infamia luchaban cada día de estos más de 35 años para llegar a la verdad y la justicia, sin perder la memoria".

Consultado por Rosario/12, el fiscal Stara señaló que hoy recibirá a los abogados querellantes. "Tanto los abogados de la APDH como los particulares que patrocinan a los miembros de la comisión directiva, son los que tienen mayor caudal de información, por lo que la idea es trabajar mancomunadamente en el aporte de datos".

El 25 de febrero de 1977 una "comisión normalizadora" ingresó a la sede de la Biblioteca Vigil. Agustín Feced, Telmo Alcides Ibarra, el contador Canceleri, el capitán de Corbeta César Esteban Molina --quien sería designado interventor-- y el abogado Maldonado Puig prohibieron el acceso a los directivos, rodeados de personal policial que ingresó al edificio central.