En la actualidad, la Justicia federal de Neuquén tramita siete causas por trata de personas con fines de explotación sexual. Durante 2010 se inició una causa y el año pasado se registraron cinco casos. En tanto, en lo que va de 2012 la Fiscalía Federal abrió una causa. La información fue dada a conocer a La Mañana de Neuquén por la fiscal federal María Cristina Beute, a cargo de la Fiscalía Nº1.

Según la magistrada, este incremento del número de casos denunciados e investigados refleja la visibilización de este delito.

En las siete causas las víctimas son mujeres mayores de edad. En dos ya se dictó auto de procesamiento habiendo dos víctimas y seis imputados. Las otras cinco causas se encuentran en distinto grado de avance dentro de la etapa de instrucción con cuatro personas indagadas y tres víctimas.

La primera causa con auto de procesamiento corresponde a 2010. La víctima es una mujer de República Dominicana que fue trasladada desde Mar del Plata a Neuquén. Por esta causa hay tres imputados -dos mujeres y un hombre- oriundos de ese país. “En este momento la Fiscalía tiene que solicitar la elevación a juicio”, aseguró Beute.

En el segundo auto de procesamiento, la víctima fue una mujer captada en Paraguay. Por esta causa hay una mujer y dos hombres imputados.

Según la investigación, la mujer y uno de los hombres eran administradores de un prostíbulo que funcionó sobre la calle Jujuy de esta ciudad. El otro hombre ejercía funciones de seguridad en ese lugar.

La oferta laboral estaba destinada a la hermana de la víctima, quien no pudo viajar a la Argentina.

“La reclutadora, que era paraguaya, le dijo a la hermana que alguien tenía que viajar y entonces trajeron a esta chica engañada pensando que venía a trabajar en un restaurante. Cuando llegó, era para trabajar en un prostíbulo”, explicó la fiscal federal.

En abril de 2011, La Mañana de Neuquén dio a conocer un caso de trata de personas donde las víctimas fueron dos mujeres de República Dominicana acogidas en un prostíbulo de la capital neuquina. Por esta causa están imputados un argentino y una dominicana que regenteaban el prostíbulo. Las víctimas continúan viviendo en Neuquén.

Trata interna

Una de las siete causas que investiga la Justicia Federal es un caso de trata interna. La víctima fue acogida y trasladada desde Misiones hacia la localidad de Añelo. Aunque todavía no se dictó el auto de procesamiento, hay dos mujeres indagadas.

“La mujer que la reclutó la trajo para atender un comercio, y cuando llegó al lugar terminó trabajando para la amiga de la mujer que tenía un bar donde se ofrecían servicios sexuales y las obligaban a trabajar”, describió Beute.

Sospechas

Hay una sola causa que corresponde a 2012, donde dos mujeres de República Dominicana trasladadas a Añelo serían víctimas de trata sexual. El caso se hizo público hace tres semanas, a través de Silvia Alonso, a cargo del Centro de Atención a la Víctima de Delito (CAVD).

En declaraciones a la prensa, Alonso explicó que la joven vivía en Añelo y que bajo la excusa de que tenía que realizar un trámite para legalizar su permanencia en el país viajó hasta Neuquén capital, donde se puso en contacto con el CAVD y pidió que rescataran a una compañera de su misma nacionalidad.

La fiscal federal tomó intervención desde el primer día en la causa y recibió las declaraciones correspondientes de las presuntas víctimas.

“Se recibió el testimonial de la presunta víctima, se las repatrió, pero hay dudas sobre si es un caso de trata de personas. Se está estudiando la determinación que se va a adoptar en la causa”, manifestó Beute.

Las causas restantes están en un grado menor de la etapa de instrucción sin personas indagadas.

“Hay dos causas en el juzgado donde todavía no hay datos ciertos sobre los autores. No hay personas indagadas”, explicó.

Vulnerabilidad

La fiscal federal expresó que es importante aclarar que en los casos investigados en esta jurisdicción no se ha constatado el uso de medios de sujeción violentos.

La forma de obtener el consentimiento de la víctima generalmente es el engaño o el abuso de la situación de vulnerabilidad, y “no el prototipo que existe en el imaginario social de la víctima atada detrás de una reja o con el grillete en el tobillo. Es importante sacar el velo porque esa imagen no nos permite ver lo real”, afirmó Beute.

En este sentido, expresó que el caso de víctimas de trata de personas se da en "gente con poca capacidad de determinación", que al recibir una amenaza menor "ya la tienen en un puño".

Además, indicó que este delito en muchas oportunidades no es denunciado y que en otras no llega a resolverse por el silencio de las propias víctimas.

"Es verdad que las víctimas no hablan por miedo. Tienen una situación de tanta vulnerabilidad en su lugar de origen y cuando llegan acá es peor todavía. Tanto que muchas veces no se dan cuenta que están siendo víctimas de un delito", agregó.

Para ayudar a las víctimas a que realicen la denuncia, la funcionaria remarcó que la tarea del Poder Judicial es promover en qué consiste el delito, informar y divulgarlo para que existan más denuncias y accesibilidad a la justicia, “porque muchas veces la gente no accede porque no sabe que eso es un delito”.

En cuanto a la posibilidad de erradicar este delito, Beute reflexionó: “No creo que sea posible, porque la trata es un engranaje dentro de un negocio de explotación, y como va orientada la economía en todo el mundo la explotación es moneda corriente en todas partes. ¿Por qué tendríamos que sospechar que va a dejar de haber trata cuando el sistema económico promueve la explotación del hombre por el hombre? Tiene que haber un cambio de conciencia”.

Responsabilidad

De las investigaciones se desprende que la mayoría de los lugares donde se dan casos de trata de personas son sitios con habilitación municipal que cuentan con la intervención del Estado.

Para Beute, lo mismo sucede a nivel nacional según el reciente informe “La trata sexual en Argentina. Aproximaciones para un análisis de la dinámica del delito”, elaborado por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), donde se describe la negligencia del Estado porque habilita lugares públicos, donde va la gente y están todas las condiciones de salubridad. (Ver aparte)

“Se pagan impuestos, la patente comercial, pero en realidad el Estado no se preocupa demasiado por saber qué pasa en esos sitios y a qué se dedican. Esta es la paradoja: son lugares públicos pero desarrollan algunas actividades que están prohibidas", manifestó la magistrada.

Pensar en que los prostíbulos dejen de existir como una de las maneras de combatir la trata de personas y el comercio sexual es una tarea “muy lenta” donde hay que “despertar conciencia” e “instalar en la sociedad de que determinadas actividades están prohibidas para que dejen de funcionar".