La Ley Orgánica de las Municipalidades es la norma que organiza el equilibrio del poder Comunal. Establece que el Intendente, retiene facultades propias de la Justicia de Faltas, pudiendo conformar juzgados específicos que preserven los derechos ciudadanos en las distintas controversias que se pueden plantear en la órbita local.

En la práctica, los tres Juzgados de Faltas que funcionan en la ciudad, dependen directamente de la Secretaría de Gobierno, y sus salarios son pagos por el mismo presupuesto que atiende el resto de los salarios de los funcionarios.

Sin embargo, en el caso de una controversia de intereses, no satisface las expectativas de cualquier vecino o empresa, sino que permanecen las vías de la Justicia ordinaria, en algunos casos en el Fuero en lo contencioso administrativo, otras en lo Penal o aún en lo Federal. Es decir, en caso que la concentración de las atribuciones Judiciales a nivel local en la persona del Intendente no satisfaga a alguna de las partes, quedan abiertas otras instancias.

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