Una delegación de la Unión Industrial Argentina (UIA) irá hoy al despacho del secretario de Coordinación, Roberto Baratta, mano derecha del ministro de Planificación, Julio De Vido y hombre clave en esa cartera. El propósito del encuentro será pedirle al funcionario que se postergue lo más posible la quita de subsidios a las pymes sobre las tarifas de gas, agua y electricidad.

Los dirigentes industriales, encabezados por el titular de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, argumentarán que la situación de muchas empresas pequeñas y medianas, en especial del interior, que ya es complicada por efectos de la crisis internacional y la situación del comercio bilateral con Brasil, podría entrar en «fase crítica» si deben comenzar a abonar lo que realmente vale la energía que consumen.

La UIA, con la obvia aprobación de sus socios más poderosos (Techint, Ledesma, Arcor, entre otros) aceptará sin chistar un ajuste de proporciones sobre lo que pagan las grandes empresas y solicitarán que las casas y departamentos ubicados en zonas de ingresos importantes también reciban la carga completa del nuevo tarifario.

A cambio solicitarán que se salve a las pymes de este ajuste, al menos en una primera etapa. Es que, para muchas de ellas, los servicios son el principal insumo de sus industrias. En otras palabras: para un pequeño taller de confección de indumentaria la tela puede costar menos que la factura eléctrica si aumenta el 400 % como se rumorea.

En el otro extremo, algunas grandes empresas generan su propia energía y no están alcanzados por los subsidios. Es el caso de Aluar, que es dueña de la represa hidroeléctrica Futaleufú (privatizada en tiempos de Carlos Menem) y de una central térmica de ciclo combinado que incluso le vende unos 250 MW al sistema interconectado.

El tema será tratado esta tarde en la asamblea mensual de la Junta Directiva de la UIA, especie de parlamento de la entidad fabril, en la que están representados todos los sectores de la industria y las regiones geográficas del país. Allí sin dudas se escucharán las voces de los casi 80 delegados, que demandarán a sus dirigentes conservar «sine die» el privilegio del que disfrutaron durante casi una década y que ahora, por razones fácilmente entendibles, el Gobierno apunta a eliminar.