Aún continúan retumbando en el plano político de la comarca las objeciones planteadas por la oposición luego de aprobado el Presupuesto 2012 por parte de la mayoría oficialista en la última sesión de la Cámara legislativa.

Las críticas, en este caso, se basa en que parte del articulado de la “ley de leyes” otorga la facultad al Ejecutivo para la modificación y reasignación de partidas que considere necesaria, como así también se puso la lupa en los montos girados a las comunas rurales que, de acuerdo a lo señalado por los refractarios al alperovismo, no cuentan con mecanismos de control acordes ni tampoco se especifican las áreas a las que se destinarán las respectivas asignaciones monetarias.

"No se puede consentir algo que atenta contra la propia Constitución provincial, estamos violando hasta el espíritu de las leyes", indicó la radical Silvia Elías de Pérez al hacer mención a lo reflejado por la Carta Magna tucumana donde se prohíbe la delegación de potestades de un poder del Estado a otro. "Hemos claudicado como Poder al facultar el PE para distribuir partidas", insistió.

Asimismo, cargó contra los fondos fiduciarios vinculados con las comunas rurales al resaltar "que se manejan por fuera del Presupuesto y cerca del 70 por ciento de la deuda comunal y municipal se corresponde con este tipo de remesas. Ocho años tardaron en reglamentar los presupuestos de las comunas, no hay ningún tipo de explicación para ello".

Por otra parte, Elías se manifestó contrariada por la distribución de recursos que se plasma en el Presupuesto. "Para Prensa y Difusión hay 20 millones de pesos y sólo cuatro para la Secretaría de Prevención de Drogas y Adicciones, no se puede llevar de esta manera una política de inclusión", asestó. Refirió, a modo de ejemplo, que el área de salud ha sido una materia pendiente pues "se gestionó mal. Se destina mucho dinero al área social, pero no hemos resuelto los problemas de nuestra gente", indicó Elías.

Por su parte, Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), estimó que lo aprobado se constituye en "un monumento a la discrecionalidad, donde la Constitución es un simple adorno que está por ahí nomás. El PE debe administrar lo que nosotros dispongamos y no delegar nuestras facultades, mucho menos sin ni siquiera contar con información sobre la política tributaria que se aplicará".

Otro de los correligionarios, en este caso, Federico Romano Norri, expresó que al tratar este tipo de normas "se debe ser claro porque hablamos de recursos públicos. Con esto, no se permite que la sociedad conozca los programas de gobierno. Este Presupuesto está dibujado sobre datos falsos y cifras increíbles. No cumple con ninguno de los alcances fundamentales como ser: el político, administrativo, económico y jurídico", señaló.

Desde la Democracia Cristiana, su referente, José Páez, expresó su disconformidad al postular que lo homologado por el justicialismo se inscribe en las antípodas de un Presupuesto Participativo.

También, sostuvo la falta de control sobre la ejecución presupuestaria, "toda vez que el Tribunal de Cuentas (TC) aprueba todo y tampoco la Legislatura cumple con su responsabilidad ya que no se expide como lo marca la Constitución, quedando firme la calificación que le merece el TC que es estridente, pero nada más", alegó Páez.