| El 60% de desmontado el año pasado fue para agricultura y el 40% para silvopastoril.
Esta conclusión y estadística se desprende de un trabajo elaborado por la Dirección General de Bosques y Fauna, a cargo del ingeniero Publio Araujo, dependiente del Ministerio de la Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras.
En diálogo con Nuevo Diario, Araujo indicó que “el año pasado, los cambios en el uso del suelo fueron de 171.313 hectáreas, correspondiendo aproximadamente (60 %) a desmontes para agricultura y (40 %) a desarbustados para aprovechamiento silvopastoril”.
Esta cifra difiere considerablemente de la de 2008 -la mayor de la última década- cuando el desmonte para distintos usos alcanzó las 327.391 hectáreas, contra las 135.201 hectáreas utilizadas en 2007.
En relación al 2009, Araujo refiere que “la superficie total de desmontes agrícolas y desarbustados fue de 171.313 hectáreas, lo que representa alrededor del 50 % menos en relación al año 2008”. De ese total, se transformaron al uso agrícola aproximadamente 102.787 hectáreas y 68.526 hectáreas para uso ganadero.
Otro dato interesante, según explica Araujo, es que “a diferencia del año 2008 no hubo grandes desmontes”.
Las mayores superficies fueron de 3.800 hectáreas en Quebrachos, 2.500 en Banda, 2.000 en Alberdi, 2.000 en Capital. El resto de los lotes fueron menores a 1.600 hectáreas.
La media de las superficies desmontadas fue de 90 hectáreas. En tanto, el 80% de los lotes desmontados fueron menores a 100 hectáreas. La relación entre la superficie autorizada y la real (valor medio del período) fue de 2:1. En el año 2008 esta relación fue de 11: 1.
Araujo afirma que “aunque es una disminución significativa sigue siendo alta y deberá continuar bajando mediante acciones de control y prevención.
Nueva legislación
Un aspecto central de la temática es la nueva Ley de Usos Múltiples de Recursos Naturales, por la cuál los planes de desmonte y dasocráticos fueron reemplazados por los “Planes productivos prediales”, con un enfoque de sistema, explica el Director de Bosques.
Además señala que existe una evidente “mejora en la calidad de la planificación”, por caso, con la inclusión de los estudios de impacto ambiental en los planes de producción y de los inventarios forestales como base para las decisiones de su manejo.
Otro aspecto central es la mayor eficiencia en el control por el poder de policía y amplias facultades para la inspección de los campos y paralización de ilícitos.
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