El Superior Tribunal de Justicia declaró "inoficioso" el recurso extraordinario federal intentado por el Fiscal General subrogante Juan Ramón Peralta, y confirmó los sobreseimientos que en diciembre de 2010 había dictado la jueza de instrucción de Roca Margarita Carrasco a favor de los dos hombres imputados por "administración fraudulenta".

Si bien al Ministerio Público le queda la última chance de ir en queja directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la reciente desestimación del planteo de Peralta en el STJ fue por razones formales concretas y eso le anticipa un fracaso casi seguro en otro eventual recurso.

La malograda investigación por los presuntos desvíos de subsidios y módulos alimentarios para la campaña radical entre 1999 y 2001 fue iniciada de oficio por la fiscal de Roca Ana Benito tras la publicación de una investigación de este medio. El expediente pasó años sin movimientos significativos en el juzgado de instrucción 6 hasta que en 2010 la fiscal pidió que Sartor y Peña sean imputados. Los dos fueron indagados y se defendieron ampliamente y en diciembre de aquel año Carrasco corrió vista a la fiscalía proponiendo el sobreseimiento. Fue entonces que por un "conflicto de competencia" (no estaba claro a qué fiscal le correspondía actuar) venció el plazo legal de oposición y se sellaron las dos desvinculaciones.

En un intento por recuperar el tiempo perdido Benito planteó una apelación que la Cámara Criminal Primera de Roca declaró "mal concedida", confirmando los sobreseimientos. Luego el Fiscal de Cámara Eduardo Scilipoti planteó una casación ante el STJ y el 21 de noviembre de 2011 recibió un nuevo revés, que una vez más ratificó la medida dictada por Carrasco.

Ante ese panorama, el Fiscal General subrogante intentó con un recurso extraordinario federal, con la idea de llegar a la Corte Suprema. Pero el STJ rechazó de plano el planteo y lo declaró "inoficioso" por no haberse cumplimentado los requisitos formales mínimos que exige la Corte para entrar al análisis del caso. "El recurrente no efectuó un oportuno y debido planteamiento de la cuestión federal (...) lo cual obstaculiza por sí solo la habilitación de la instancia pretendida", sostuvieron los jueces Víctor Sodero Nievas y Roberto Maturana.

La causa original, en tanto, permanece abierta pero sin avances. Por orden de la Cámara Primera se deben investigar tres ejes: presunto lavado de dinero, uso de testaferros y supuestos favorecimientos con licitaciones, precios y pagos a la empresa Rocafé por su supuesta vinculación con ex funcionarios radicales.