La abogada Verónica Heredia había sido titular de la Oficina de Derechos y Garantías desde su puesta en funcionamiento bajo la órbita del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia. Tras su renuncia en marzo de 2008, el cuerpo deliberativo debió revisar en primera instancia lo atinente a honorarios asignados al director -que habían sido parte de la argumentación de la renunciante-, e implementar luego un llamado a concurso que resultó desierto.

En tal contexto, debió designarse una directora interina -cargo que recayó en Estela Moreno-, en tanto que el Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia elevó modificaciones a las condiciones del llamado y a casi dos años y medio de la dimisión de Heredia, la oficina volverá a contar con una titular regular, definida por concurso, tal como indica la ordenanza de creación de la oficina.

La concejal Laura Chiguay, es la presidenta de la comisión 2, que tiene a tratamiento la terna elevada por el Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia y que tomó estado parlamentario durante la sesión del jueves último. La edil informó que la nómina fue tratada durante la mañana de ayer en el marco de la comisión de referencia, y que esta fue enviada al asesor letrado del cuerpo para su dictamen, a lo que sobrevendrá el tratamiento en sesión.

En orden de méritos, la terna de la que surge la nueva titular se integra por Miryám Monasterolo, Sonia Kreischer y Griselda Sánchez España

El presidente del Concejo, Sergio Bohe indicó que de acuerdo a los tiempos legislativos, será en alguna de las dos sesiones ordinarias del mes de octubre, cuando se produzca la designación, y que una vez tomada posesión del cargo, se solicitará un plan de acción y cronograma de actividades para delinear las políticas de la oficina.

FUNCIONES

Entre las funciones de la Oficina de Derechos y Garantías se destacan el recibir las denuncias, reclamos o pedidos de ayuda que formulen los niños, los adolescentes, sus representantes, particulares o instituciones protectoras de los derechos de los niños y adolescentes, canalizándolas a través de los organismos competentes.

También realizar las investigaciones que fueran necesarias para determinar las posibles vulneraciones a lo establecido en la ley provincial marco, haciendo conocer las irregularidades verificadas a las autoridades competentes y en caso de ser necesario, promover acciones judiciales y ante el Ministerio Público.

Además se encuentra entre sus funciones formular recomendaciones o propuestas a los organismos públicos o privados respecto de las cuestiones objeto de investigación, denunciar penalmente los delitos cuya posible comisión constate en ejercicio de sus funciones, velar por el cumplimiento de las garantías procesales del niño y del adolescente y proponer las reformas legales necesarias para hacer efectivos los derechos de los niños y adolescentes, entre otras.