Si bien había trascendido la fecha del 13 de mayo, como la elegida para que se dé a conocer la posición de la Corte sobre el tema probation, ayer uno de los ministros salió a sembrar más dudas al respecto. Es que Adolfo Caballero dijo: "No se puede hablar de una fecha determinada, ya que el tema que debe ser analizado no es menor y demandará un estudio pormenorizado, cruzando información. Para ello se ha pedido jurisprudencia a la Corte Suprema de Justicia, como así también a poderes judiciales de otras provincias. El estudio de esa información va a demandar mucho tiempo y yo no lo puedo precisar", aclaró.

Lo que ocurrió es que en el día de ayer se esperaba la reunión plenaria de la Corte y por consiguiente la definición en el tema probation.

La intervención de la Corte para que dicte un fallo plenario, el cual rige como criterio único para todos los jueces que deben resolver causas con imputados de homicidios culposos, se desata luego de las distintas posiciones que adoptaron jueces en causas similares. Concretamente, algunos magistrados accedieron a dar probation, figura que suspende el juicio a prueba e impone trabajos comunitarios al imputado por un determinado tiempo, mientras que otros optaron por dar continuidad a la causa hasta llegar al juicio oral y público.

Estas posiciones disímiles generaron la reacción de los familiares de las víctimas, quienes han presionado lo suficiente como para que sea la propia Corte la que deba resolver al respecto. "Este tema debe tratarse a fondo porque no es fácil, ya que es novedoso", destacó Caballero justificando el tiempo que se tomará la Corte para poder fijar su posición.

¿Una medida que puede cumplirse?

Tras el debate generado, aparecen los dilemas existenciales respecto a la efectividad de la medida y si realmente es útil para quien debe cumplir con la condena.

Más de un abogado sale a criticar la falta de herramientas que tiene la Justicia para poder corroborar si las tareas comunitarias son efectivamente cumplidas por el condenado o no. Lo cierto es que en la mayoría de los casos se debe confiar en la buena fe del policía, quien debe constatar las tareas comunitarias, cuando quien debería cumplir con ese trabajo específico es un oficial de Justicia. La falta de personal es el motivo del por qué no se cumple con esta parte del procedimiento.

El origen del debate

Los familiares de María Celeste Archerito, Romina Chirino -fallecidas en accidentes de tránsito- y Maximiliano González -muerto a la salida de un boliche después de ser golpeado por un patovica- son quienes han hecho escuchar su malestar por ver que los autores materiales de las muertes de sus hijos no llegarán a juicio oral y público, viendo que utilizarán la figura de tareas comunitarias o probation. Al planteo de estos familiares se han unido integrantes de la ONG, Asociación de Familiares y Víctimas de la Impunidad e Inseguridad pidiendo que se unifique un criterio para casos similares.