Se trata de la Ley 6056 sancionada a fines del año pasado en medio de un fuerte debate y tras ser vetada por el gobernador Ricardo Colombi. La misma cubre a unas 400 personas sometidas a este tipo de intervención quirúrgica, que abogan por mejorar su calidad de vida.

El jueves estaba prevista una reunión en la cartera, sin embargo se suspendió para el miércoles, dijo a época Amelia Resh, madre de Germán Montenegro, un joven correntino con trasplante hepático. Amelia y su hijo siguieron de cerca el debate legislativo dado el año pasado, con el fin hacer incapié en la necesidad de vivienda, exenciones impositivas para quienes contraten a personas trasplantadas, cobertura de medicamentos de enfermedades concomitantes, fuera de la órbita del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), entre otras cuestiones.

“Cardozo se comprometió a ultimar los detalles del documento que será enviado a la Dirección de Transporte, el Instituto de Viviendas de Corrientes, Subsecretaría de Trabajo y el CUCAICOR”, detalló la mujer con mucha expectativa.

Es que a casi cinco meses de sancionada, referentes del sector aún no pueden ser beneficiados con la Ley que los ampara.

Amelia explicó que a diferencia del caso de Germán, hay padres de familias trasplantados, afectados por escasos recursos. “Muchos viven en condiciones preocupantes, sin obra social y vivienda propia, esto los perjudica en virtud de los altos costos de los medicamentos no cubiertos por el INCUCAI, que surgen de enfermedades derivadas de los trasplantes”, explicó la mujer.

Respecto de los complejos habitacionales, manifestó como requisito indispensable, una casa en óptimas condiciones y con ventilación, ambas, son exigencias médicas para llevar adelante una vida ciertamente saludable. En el caso del transporte, Resh manifestó que, deben asistir a controles al centro de salud donde recibieron la intervención al menos una vez al mes, lo cual demanda un fuerte gasto en pasajes.