La cuenta referente al presupuesto municipal 2008 ya fue rechazada por el Tribunal de Cuentas de la comuna y por el Concejo Deliberante, a partir de haber detectado severas irregularidades en el otorgamiento de aportes no reintegrables por cerca de $600.000 al empresario Marcelo González Machín y hoy debería concretarse una audiencia pública al respecto.

Sin embargo, sobre la tarde del viernes y por fuera de sus atribuciones, el viceintendente Sergio Bohe, presidente del Concejo, emitió una resolución prorrogando la audiencia hasta el lunes 30 de mayo, es decir un día después de las elecciones complementarias. Lo hizo invocando la existencia de la veda electoral hasta ese día.

No es la primera vez que Bohe toma intervención unilateral en relación al expediente del presupuesto 2008, ya que en febrero había recibido una devolución del mismo desde el Tribunal de Cuentas solicitando que los ediles le den el tratamiento de Carta Orgánica que prevé ordenanza en doble lectura y audiencia pública para su aprobación.

Sin darle curso al plenario de ediles, o la comisión de receso de verano para que derivara el expediente a efectos del tratamiento, el viceintendente centralizó las actuaciones dando por cerrado el caso bajo el argumento de vencimiento de plazos.

En marzo, cuando comenzó el período ordinario de sesiones los ediles determinaron que debía volver a tratarse el presupuesto 2008. Lo hizo el 5 de mayo rechazando así primera lectura la aprobación de la cuenta y convocando para hoy a audiencia publica.

En tal contexto, Bohe rubricó el viernes por la tarde una resolución a través de la cual prorroga en siete días la audiencia. Sin embargo, tal resolución fue emitida por fuera del horario administrativo y sin acuerdo parlamentario, por lo que hoy los concejales de las bancadas opositoras intentarán que se celebre la audiencia.

INTERPRETACIONES FORZADAS

El inciso invocado por Bohe para establecer la postergación expresa concretamente que es facultad del presidente de la audiencia “disponer la interrupción, suspensión, prórroga o postergación de la sesión, así como su reapertura o continuación cuando lo estime conveniente, de oficio o a pedido de algún participante”

Sin embargo, se recae con ello en una forzada interpretación del articulado, en primer término porque quien preside la audiencia puede ser el titular del cuerpo como cualquier otro edil de la línea sucesoria institucional, y la audiencia se preside en el momento de su desarrollo, no con antelación.

Por otra parte, el artículo que se cita para asegurar tales atribuciones, corresponde al capítulo 3 de la ordenanza, atinente al “desarrollo de las Audiencias Públicas”. Desarrollo de un evento no es lo mismo que su convocatoria, una instancia bastante anterior en el tiempo, de allí que si se alude a la posibilidad de prórroga es en tanto y en cuanto la decisión se tome durante su “desarrollo”, no antes.

Bajo tales parámetros, será recién hoy, día de la convocatoria original cuando se sabrá a ciencia cierta cuál será el derrotero de la compulsa popular, en función de que el Frente para la Victoria (FpV) intentaría llevarla adelante este mediodía, en cumplimiento de la convocatoria aprobada por la mayoría parlamentaria y publicada desde hace dos semanas en el Boletín Oficial.

El jefe del bloque del FpV, Luis Zaffaroni expuso en tal sentido que existen previsiones institucionales en cuanto a la línea sucesoria para presidir la audiencia en caso de que Bohe no lo haga, rol que recaería en Cristina Ziebart.

Zaffaroni también argumentó que la semana pasada, cuando se decidió suspender la última sesión ordinaria, también bajo el argumento de la veda electoral, hubo acuerdo político al respecto. Además, en ese momento quedó claro que tal criterio no sería aplicable a la audiencia pública, un hecho de participación ciudadana, no política que como tal, excede las restricciones de una veda.

Así, tras recordar que la fecha de la audiencia se fijó con antelación al fallo judicial que dio lugar a las realización de elecciones complementarias –con lo cual no pueden tejerse sospechas en cuanto a la intencionalidad de la misma–, Zaffaroni reiteró que la audiencia pública es un recorrido institucional plasmado en la ley, un espacio ciudadano, “no es un acto político, que quieran transformarlo en eso es un problema del ejecutivo que lo lee así”, afirmó.