Los integrantes de la Sala Acusadora de la Legislatura se reunirán esta tarde. La intención es que se resuelva si se acusa o no a los tres miembros del organismo de control, por cobrar sueldos superiores al de la Gobernadora cuando la Constitución lo prohíbe. Una vez adoptada la resolución, las actuaciones serán públicas.

La de hoy se convertirá en una jornada definitoria para la continuidad del proceso de juicio político contra los tres vocales del Tribunal de Cuentas, por cuanto los legisladores que integran la Sala Acusadora fueron convocados a una reunión para las 17.30.

Manuel Raimbault, presidente de la Sala, precisó que el encuentro de hoy tendrá carácter resolutivo, ya que su intención es que se resuelva si se acusará o no al abogado Miguel Longhitano y a los contadores Alberto Caballero y Claudio Ricciuti, en orden a los cargos que le fueran imputados por el senador José Martínez.

De acuerdo a lo que establece la ley que reglamenta el proceso de juicio político, la Sala integrada por los legisladores Raimbault; López; Deheza; Wilder; Furlan; Urquiza y Velásquez deberá resolver “por el voto nominal de los dos tercios de la totalidad de sus miembros si corresponde el juzgamiento del denunciado. Si la votación fuere afirmativa, designará una comisión integrada por tres de sus miembros para que sostenga la acusación ante la otra Sala, debiendo por lo menos uno de ellos ser integrante de la Comisión Investigadora” –la que en este caso fue conformada por Osvaldo López, Ricardo Wilder y Mónica Urquiza– y “en el mismo acto notificará al interesado sobre la existencia de la acusación y sus antecedentes, los suspenderá en sus funciones sin goce de retribución y comunicará lo actuado a la Sala Juzgadora remitiéndole todos los antecedentes”. La ley determina que a partir de ese momento las actuaciones del juicio público serán públicas, y además determina que “en caso de que se desestime la acusación, la resolución que así lo disponga deberá darse a publicidad”.

Renuncia en veremos

Hasta ayer no se había confirmado que la gobernadora Ríos hubiere aceptado la renuncia del contador Claudio Ricciuti como vocal del Tribunal de Cuentas. El funcionario presentó su dimisión a la mandataria el jueves último argumentando razones de salud.

El abogado Luis Ausgburger –que actúa como defensor de Ricciuti y Caballero en el juicio político– denunció públicamente a fines de la semana pasada que la decisión de Ricciuti de alejarse del cargo había sido producto de presiones políticas y que a su defendido se le había solicitado la entrega de dinero a cambio de desactivar el juicio político. A pesar de que el propio Ricciuti dijo no avalar lo sostenido por su abogado “porque no protagonicé esos hechos”, en el día de ayer se le solicitó desde el Poder Ejecutivo que ratificara los términos de su renuncia, trámite este que fue cumplido.

Hasta tanto no haya resolución sobre el tema, Ricciuti sigue siendo miembro del Tribunal de Cuentas y por ende permanece vinculado al proceso de juicio político.

Es más, si la Gobernadora difiere su decisión y la Sala Acusadora resuelve hoy acusar a los vocales del Tribunal “la aceptación de la renuncia quedará en suspenso hasta tanto haya concluido el procedimiento de juzgamiento”.