El embajador de la Argentina en los Estados Unidos, Alfredo Chiaradía, se quejó con sendas cartas ante el Congreso de este país por proyectos de ley locales en danza para países que se niegan a cumplir decisiones judiciales, al considerar que dichas iniciativas “tratan de crear apoyos a los fondos buitre para sus acciones coercitivas contra de aquellos países deudores”. En las cartas enviadas a los comités de Asuntos Exteriores y de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y al Comité de Bancos del Senado, Chiaradía sostuvo que los proyectos de ley presentados en mayo en las dos cámaras “distorsionan los hechos y tratan de crear apoyos a los fondos buitre para sus acciones coercitivas contra países endeudados”, informó la Embajada argentina en Washington.

Los proyectos denominados “Ley 2011 de Responsabilidad de los Estados Extranjeros que Evaden Fallos Judiciales”, tienen como objetivo “impedir que los países identificados como ‘que evaden fallos judiciales’, y sus empresas estatales, emitan deuda en los mercados de los Estados Unidos o soliciten préstamos” en ese país, según un comunicado.

El embajador Chiaradía refutó los textos por considerar que incluyen “afirmaciones incorrectas” sobre la Argentina.

Los mismos “distorsionan los hechos y brindan apoyo a los fondos buitre en sus acciones coercitivas contra países endeudados”, aseguró Chiaradía en las misivas enviadas a los miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes (diputados) y a la de Bancos, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado. El funcionario adjuntó un documento, en el que la Embajada argentina “refuta las afirmaciones” contenidas en los proyectos, entre las que señalan que el país “supuestamente rehusó todos los esfuerzos de los acreedores para negociar las condiciones de una oferta de canje y que aún adeuda más de U$S 3500 millones a tenedores de bonos estadounidenses”. La Argentina presentó dos propuestas de canje para los acreedores privados, la primera en 2005, y la segunda en 2010, en las que ingresaron el 93% de la deuda total elegible del default de 2002. Asimismo, Chiaradia refutó las afirmaciones que aseguran que “la cesación de pagos tuvo un costo significativo para los contribuyentes estadounidenses y que Argentina hace caso omiso del Estado de Derecho”. En 2009 y 2010 ya habían sido presentadas otras versiones similares a dichos proyectos pero no prosperaron. Este nuevo intento cuenta con el patrocinio de nueve legisladores en la Cámara de Representantes y de un miembro del Senado, y es fogoneado por asociaciones de fondos buitres. <