La Defensoría del Pueblo supervisará el plan de saneamiento que se enviará a la Nación

El funcionario provincial explicó que en la causa tendrá “una participación en el área que tiene que ver con la parte legal”.
La Defensoria del Pueblo supervisara el plan de saneamiento que se enviara a la Nacion

DEFINICIONES. ?El tema es ver quién sancionará a la empresa en caso de incumplimiento; si es solamente Tucumán, a nosotros no nos da garantía?, dijo Díaz Achával.

El defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Martín Díaz Achával, expresó que el organismo que tiene a su cargo “supervisará el plan de saneamiento antes de que sea enviado a la Nación”.

El ombudsman se refirió de esta manera en diálogo con EL LIBERAL, luego de que el gobierno de Tucumán se comprometiera ante los miembros del Comité de Cuenca Salí Dulce a poner en marcha un plan de saneamiento ambiental para las industrias radicadas en su territorio, que comenzaría de manera inmediata.

El funcionario santiagueño explicó que la Defensoría tendrá una participación en el área que tiene que ver con la parte legal. “En lo técnico no vamos a tener mayor participación porque en la elaboración de la propuesta trabajarán la Secretaría del Agua y la Dirección de Medio Ambiente con las áreas de Tucumán; nosotros entraremos cuando comience la etapa de los acuerdos para buscar las partes de las garantías y que se cumplan los requisitos en los parámetros legales”.

El compromiso fue rubricado ante los representantes de las provincias de Santiago, Catamarca, Salta y Córdoba durante los encuentros que realizó el comité esta semana en la vecina provincia de Tucumán. Durante las reuniones también se analizó la creación de una unidad ejecutora que lleve adelante el plan de saneamiento.

En ese sentido, Díaz Achával sostuvo que “lo importante es saber cuál será el organismo de control y cuáles serán las sanciones” y agregó que “si hay una unidad ejecutora, funcionará donde se tenga que realizar la obra, si se hacen en Tucumán se hará la sede ahí; el tema es ver quién sancionará a la empresa en caso de incumplimiento; si es solamente Tucumán, a nosotros no nos da garantía; no la sancionaron hasta el momento, ¿por qué habrían de hacerlo ahora?”, se preguntó.

“Ante esa desconfianza -añadió- es necesario saber quién lo realizará, es necesario saber quién ordenará el cierre de la producción si no hay cumplimiento de los plazos o si no cumplieron los objetivos que se han propuesto desde los diversos ingenios”.

Por otra parte consideró necesario saber quién realizará el seguimiento de los monitoreos en el cumplimiento de los planes. “Si no cumplen con el plazo, no podrán seguir dándoles plata y mucho menos continuar trabajando; a nosotros lo que nos importa es tener la llave, que ellos manejen la chequera si quieren, pero a nosotros nos gustaría ser quien decida la continuidad de la producción”, puntualizó.

Avance significativo

El defensor describió como un “avance significativo” la intervención del Estado en la causa al manifestar estar convencido de que “la Presidenta, a partir de la acción del secretario de Ambiente, ha tomado el asunto y ha señalado que se tiene que solucionar”.

En ese sentido Díaz Achával destacó que “el cambio de actitud del gobernador Alperovich en las últimas semanas es notoria y eso para mí es algo muy positivo porque admitió que tenemos razón. Dijo: “Basta de versos; y hay que tener coraje para admitir eso, porque hace ocho años que no se pronuncia sobre el tema; entonces quiere decir que desde hace ocho años que vienen con el verso; nos negó la razón que sabía que teníamos, pero hoy lo está admitiendo y ese cambio de actitud tiene que ver notoriamente con la intromisión de la Nación”.

Asimismo el funcionario local consideró que “nosotros tenemos que ser permeables siempre y cuando se cumplan estos requisitos, señalando control, monitoreo, facultades para controlar en casos de ampliación y facultades sancionatorias de un órgano imparcial y no vería con desagrado que sea la misma Secretaría de Ambiente de la Nación la que imparta en forma subsidiaria las sanciones o un comité interjurisdiccional que sea creado a tal efecto que diga ‘ante la falta de cumplimiento de tal empresa se la cierra’”.

Por último analizó que “poner al Ministerio de Planificación es una medida muy inteligente y muy comprometida por parte de la Nación que es determinante por el cambio de orientación que está tomando la causa”.l

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