El adjunto primero, Anselmo Sella, recomendó al gobierno que “arbitre las medidas conducentes a resolver el contrato de concesión con la empresa Trenes de Buenos Aires S.A.”
En su recomendación, la Defensoría del Pueblo de la Nación sostiene que "la falta de mantenimiento de los bienes afectados al servicio ferroviario concesionado a la empresa TBA S.A., resulta conocido por parte del Órgano de Control y de la Secretaría de Transporte de la Nación".
"Es de público conocimiento el gravísimo siniestro que tuvo lugar el día 22 de febrero del corriente año en la Estación Terminal Once, que hasta el momento costó la vida de cincuenta personas, además de setecientas personas heridas, que se trasladaban en la formación Nº 3772. Este hecho determinaría por sí mismo, por su gravedad, la falta de aptitud, pericia y responsabilidad por parte de la empresa Trenes de Buenos Aires S.A., para continuar como concesionaria del servicio ferroviario de las Líneas Mitre y Sarmiento" sostiene a través de un comunicado.
Por otra parte insisten en que " el Estado Nacional, titular del servicio público, deberá garantizar en lo sucesivo su prestación en condiciones de regularidad, continuidad, igualdad, accesibilidad y seguridad de los usuarios transportados. Podemos afirmar que los usuarios del servicio, atento a las condiciones en que son transportados como el estado en el que se encuentran las estaciones, con imposibilidad de acceso para personas discapacitadas, ven cotidianamente afectados los derechos que claramente establece el art. 42 de la Constitución Nacional" agrega la resolución. El pedido fue avalado por legisladores y dirigentes sindicales ferroviarios.
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