El área de Defensa al Consumidor y el Usuario de la Defensoría del Pueblo, solicito formalmente mediante una actuación dirigida al ministro de Planificación, Federal, Inversión Publica y Servicios, Julio De Vido y al Ing. Alberto Fiandesio, titular de la subsecretaria de Combustibles, que a través de las áreas federales respectivas, se impulsen las medidas que ya han sido expresadas por la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, y que también en igual sentido están plasmadas en un proyecto de ley presentado el 1 de julio del 2011, por la senadora Nacional por Mendoza; Laura Montero; donde todos buscamos por los distintos medios institucionales, que los combustibles líquidos se paguen a más bajos costo por los consumidores a medida que la zona de expendio este más alejada del Puerto de Buenos Aires.

El defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, expreso que el valor de los carburantes líquidos varían significativamente de una provincia a otra de nuestro país y con ello se construye en la actualidad una política de precios discriminatoria debido a una falta de competencia que se debe revertir principalmente en provincias como Formosa, las del NEA, NOA y Cuyo.

Aclaró y fundamento que esto es posible si el Congreso modifica la Ley 23.966 en lo relacionado a las alícuotas y los montos mínimos que se pagan en concepto de Impuesto a las Transferencias de Combustibles líquidos (ITC), según el lugar donde consumamos el producto final.

Por otro lado se sanciona con un gravamen más elevado, el consumo de naftas con mayor contenido de plomo y se actualizan los montos mínimos de los impuestos por unidad de medida, en pesos por litro, para los carburantes líquidos más importantes que se venden y se consumen en la Argentina.

Por último menciono que se pedirá intervención a nuestros representantes en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara Alta como en la de Diputados Nacionales.