“Un acto de estas características debe ser público y transparente”, dijo al respecto la Defensora del Pueblo adjunta, Mónica Felices. Tal como reveló 0223.com.ar, en el marco de la privatización del balneario 4B del complejo Playa Grande, la firma Salimar SA habría presentado un informe de costos que evidencia un “precio real” y, en la misma documentación correspondiente al presupuesto elevado al Municipio, otros valores que habrían sido duplicados. La supuesta anormalidad fue advertida por otra empresa que también participó de la licitación, la cual denunció tanto en la Defensoría del Pueblo como en la Justicia que los posibles “sobreprecios” rozarían el millón de pesos. En tanto, mientras la Dra. Lorena Hirigoyen de la Fiscalía de Delitos Económicos N° 10 avanza en la investigación, la Defensora del Pueblo adjunta, Mónica Felices, confirmó a este vespertino digital que la Defensoría también colabora con la causa. “La ordenanza (que regula la actividad de la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon) dice que cuando una denuncia se judicializa, nosotros no podemos actuar excepto que, como ocurre en este momento, la propia Fiscal nos pida colaboración a través de un oficio. En consecuencia, nosotros ya estamos colaborando con la información que nos requiere la Dra. Hirigoyen”, expresó. En ese orden, la funcionaria subrayó que, “ante la posibilidad de que haya habido algún error en la presentación de una licitación, la gente se merece una explicación sobre lo que pasó realmente porque un acto de estas características debe ser público y transparente para que nadie tenga dudas”. “Eso también hace a la confianza y a la seriedad del Estado”, aseveró. Asimismo, evaluó que “va a ser muy bueno que haya una investigación para determinar si realmente hubo una oferta de una inversión no real, acorde a los precios que figuraban en el proyecto”. “Si hay una licitación en la que gana el que supuestamente es el mejor proyecto e inversión, esa inversión tiene que ser real”, remarcó por último.