El organismo desarrolló un Plan Estratégico de gestión en donde destacó que el cumplimiento eficiente de sus funciones se ve condicionado por demoras en las que incurren instituciones del Estado, entes o bien empresas privadas, sobre las que recaen quejas de la ciudadanía. Cambio de paradigma. Reclamos con resoluciones.
En tal sentido, desde el organismo, conducido por Hugo Cabral, si bien se destacaron avances en torno al grado de eficacia de su labor que fue sustentándose a lo largo del tiempo, desde su creación, a su vez, se resaltó que uno de los principales condicionamientos que debe afrontar al momento de cumplimentar su tarea está dado por los inconvenientes y trabas surgidos desde otras instituciones que responden al propio Estado, como ser entes de control o bien del sector privado (empresas).
"Aun cuando se observe que las intervenciones de la Institución (Defensoría) se van superando año a año, no sería correcto aceptar como excelentes los niveles de rendimientos obtenidos, toda vez que aún existen situaciones internas y externas que lo impiden. En virtud de lo expuesto y a modo de ejemplo, es menester considerar respecto de lo externo, numerosos casos en los que la falta de colaboración de los organismos requeridos dificultan concretar razonablemente una investigación", enuncia uno de los fragmentos que componen el extenso análisis que se detalla en el Plan Estratégico.
El documento agrega, en otro tramo, como un problema "que contribuye a la imposibilidad de investigar, aquellos casos que si bien son respondidos conforme al requerimiento formulado, las demoras en concretarlos por parte de los Organismos requeridos inciden negativamente en los tiempos de resolución de las quejas".
Teniendo en cuenta el panorama descripto, Cabral indicó que las garantías de éxito en el cumplimiento de su misión depende del entendimiento que se manifieste entre los poderes públicos, posibilitando así a la Defensoría ejercer como un instituto mediador en los conflictos desatados entre la sociedad civil y el Estado.
"De nada vale la mejor de las opiniones del Defensor si los casos no se resuelven, si al ciudadano no le sirve el rol de la Defensoría, obviamente no lo valorará", señaló Cabral durante su exposición a la prensa. A raíz de ello, el funcionario resaltó que debe manifestarse un necesario cambio de paradigma en cuanto a la función de esta institución.
"Nos proponemos revisar el actual modelo de gestión de magistratura de opinión y convertirlo en una instancia de magistratura de persuasión, basado en procesos de negociación, consenso y articulación con las organizaciones y la comunidad en general para tener más fuerza en las recomendaciones de la Defensoría hacia el Gobierno", indicó Cabral.
Al momento de justificar su postura, orientada a modificar la visión y misión del organismo, resaltó que en la actualidad las acciones del Ombudsman se plasman a través del modelo que se conoce como magistratura de opinión "pues no altera las atribuciones propias de los órganos competentes. Su función consiste en recibir una queja contra un órgano administrativo, verificar los hechos y analizar el sustento jurídico del reclamo, lo que concluye en el dictado de una resolución fundada. Por tal motivo, hay muchos casos donde no podía incidir o cambiar determinadas políticas", reflexionó Cabral.
Vale recordar que la intervención del Defensor del Pueblo, al poner en descubierto un incumplimiento, una disfuncionalidad, una discriminación o una arbitrariedad, coloca al órgano (sobre el que pesa la queja) en una situación que puede generarle responsabilidad administrativa, judicial o política.
Casos de intervención
Al momento de indicar cuantitativamente el despliegue de funciones desarrollado por la Defensoría, se sostuvo que durante 2011, sobre un total de 10.500 casos, cerca del 91 por ciento de los mismos obtuvieron una resolución, concluyendo la intervención de la institución. Asimismo, se proyectaron los resultados provisorios en relación a lo ejecutado desde enero hasta el 27 de junio del presente año. Al respecto, es dable señalar que las actuaciones ingresadas se elevan a 3.729 a las que deben adicionarse 800 que se realizaron vía telefónica y 100 requerimientos concretados a través de e-mail, lo que totaliza un conjunto de 4.629 solicitudes a las que debió abocarse la Defensoría durante este primer semestre. El 84 por ciento de las quejas obtuvieron resolución, por lo que el porcentaje restante se encuentra en trámite. Al momento de realizar una desagregación de las denuncias, 875 de las mismas (19%) corresponden a temáticas relacionadas con seguridad vial, basadas en infracciones de tránsito vehicular labradas en rutas nacionales y provinciales del país.
Siguen en el ranking que se elaboró, los siguientes ítem: problemáticas con telefonía celular; reclamos por deficiencias en la prestación del servicio red cloacal colapsada, refinanciación de deuda con la SAT, reclamos ante la ANSES; quejas por incumplimiento de la Prestación Médica Obligatoria ante el Instituto de Previsión y Seguridad Social, por provisión de medicamentos y prótesis, discapacidad, cirugías, estudios de diagnostico, reprogramación de cirugías y otorgamiento de turnos, entre otros aspectos.
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