La recomendación la realizó a través del Concejo Deliberante para que el Ejecutivo realice la sanción a las empresas y solicite al Área de Discapacidad la inmediata entrega de la tarjeta.

El caso corresponde a una persona a quien no le dieron la tarjeta magnética para acceder al servicio gratuito. “Además le cuestionaron la discapacidad”, contó Azcona a El Atlántico.

Para obtener el pase gratuito, las personas con capacidades diferentes presentan la documentación en el Área de Discapacidad Municipal. Dentro de las 72 horas, cumplidos todos los requisitos, el Estado tiene la obligatoriedad de entregar la tarjeta que habilita a viajar gratuitamente.

“En este caso no se cumplió con el término de las 72 horas para la entrega, sino que además la UTE cuestionó el certificado de discapacidad, agregando que estaba ante un caso viciado de nulidad, y solicitó al Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur que se expida sobre la validez del certificado en cuestión”, expresó el defensor del Pueblo.

Según comentó Azcona, la respuesta del organismo consultado “fue más que contundente. No sólo es válido el certificado en cuestión, sino que además esta persona cuenta con otras patologías y ha obtenido un segundo certificado de discapacidad”, remarcó.

Por otro lado agregó que se encuentra vigente la Ordenanza 19.245, que en el artículo séptimo expresa que la Municipalidad tiene la potestad de sanciones pecuniarias.

“Los empresarios hablan de un abuso de la cantidad de viajes que realizan los discapacitados y la cantidad de pases otorgados”, sostuvo y explicó que el 10% de la población mundial tiene capacidades diferentes. “Por lo tanto de los 700 mil habitantes de la ciudad, 70 mil deberían tener el pase y sólo se entregaron 6.500. No hemos llegado ni al uno por ciento”, detalló.

Azcona sostuvo que el transporte gratuito de las personas con capacidades diferentes está reglamentado por Ley. “Si no, que se presente un proyecto para que haya modificaciones”, consideró.

En cuanto al cuestionamiento que la empresa realizó del certificado de discapacidad de la persona a quien le fue negado el pase, el funcionario señaló que “está autorizado por un profesional que estudia, que hace un doctorado para certificar y es algo que no se puede cuestionar”.

En este sentido invitó a los empresarios a que, en ese caso, se acerquen a la Defensoría y se pautaría una reunión con el Colegio de Médicos por una adulteración de la profesión “porque firmar un certificado ‘trucho’ es un delito”.

Además agregó que “nunca” un empresario se acercó a la entidad con “un solo” certificado falsificado.

Por otra parte, Azcona manifestó que la Municipalidad paga el servicio ambulante de transporte para personas con discapacidades diferentes, Servisa. “Si no se abonara ese dinero, se utilizaría en la incorporación de rampas y todos los colectivos las tendrían”, explicó y añadió que no todas las unidades que circulan están diseñadas para personas con silla de ruedas.

Finalmente solicitó que “no se utilice la palabra discapacitado como algo tan simple, ni se la trate como una enfermedad”.