Tortura, abuso de poder, brutalidad, apremios ilegales, Algunas de las terminologías que pueden leerse casi como si se viviera en otra época del país en el informe que la Defensoría porteña elaboró luego de analizar la actuación de las fuerzas de seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en último semestre de 2010 y el primer semestre de 2011.

El organismo de contralor elaboró una completa investigación que tiene por objetivo aportar al esclarecimiento de los actos, el resguardo de la legalidad y la contención de víctimas y familiares.

A continuación, algunos de los casos de violencia policial denunciados donde tomó intervención la Defensoría:

Delito de tortura y apremios ilegales en perjuicio de tres menores de edad fuertemente golpeados por efectivos de la Comisaría 23º del barrio de Palermo, quienes fueron denunciados además del maltrato por la utilización de un objeto similar a una picana.

Apremios y exacciones ilegales en ocasión de una detención (también efectuada por personal de la Comisaría 23º) por carecer de documentación vehicular.

Violento desalojo y demolición de viviendas en el asentamiento de Avenida Vélez Sársfield y las vías del ferrocarril de la Villa 21-24 por parte de la División Roca de la Policía Federal. Las personas que habitaban el predio manifestaron la brutalidad en el accionar de los policías, la falta de uniforme o identificación de la mayoría de ellos, la portación visible de armas y el uso de picanas eléctricas.

Represión y desalojo de la ranchada de Avenida Paseo Colón y Calchaquí constituida por 25 niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 18 años, donde tres patrulleros con más de diez agentes de la Comisaría 14º habrían golpeado a los chicos y habrían prendido fuego los colchones, ropa y demás pertenencias.

SIGUEN LAS DENUNCIAS

Pero eso no es todo. La Defensoría recabó una gran cantidad de denuncias de vendedores ambulantes y artistas callejeros que desarrollan su actividad en el espacio público. Entre las acusaciones se destacan las de golpizas, lesiones y abuso de autoridad, amenazas, acoso y hostigamiento policial y procedimientos irregulares de decomiso de mercadería.

Además, se recibieron denuncias por parte de trabajadoras sexuales de nacionalidad dominicana que acusaron "fuertes golpes, agresiones y brutalidad policial por parte de integrantes de la Comisaría 8va".

En el informe, puede leerse que "en la mayoría de estos hechos se reiteró el comportamiento ilícito de los efectivos que deben llevar a cabo las tareas". Lo que demuestra la cotidianeidad de estas acciones.

En el mismo sentido, se investiga la muerte de Luis Alberto García, de 16 años, en un confuso episodio de supuesto robo a una agente de la Comisaría 7ma y las supuestas tareas de inteligencia ilegales efectuadas por dos policías vestidos de civil en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

INDOAMERICANO

La Defensoría también continúa su labor en torno a loa investigación sobre los hechos ocurridos entre el 7 y 10 de diciembre de 2010 en Villa Soldati como consecuencia del desalojo del Parque Indoamericano, donde murieron tres personas.

En la resolución, la Defensoría enfatiza que: “La falta de investigación de los fiscales y los jueces propicia la impunidad de estos abusos y además permite que continúen sucediendo concebidos como práctica institucional. Las actuaciones al margen de la ley del personal policial deben encontrar en la judicatura una respuesta adecuada y fiel a los compromisos internacionales que tiene el Estado. Es desde esta óptica que la Defensoría del Pueblo efectúa la compulsa de las causas penales en las que se investigan hechos de violencia y abuso policial”.

Por último, la Defensoría exhortó al Jefe de la Policía Federal Argentina, Comisario General Enrique Rubén Capdevila, que se adopten las medidas de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados y para evitar que se repitan las prácticas policiales descriptas.