La Defensoría del Cliente Bancario hace un año que funciona en la Defensoría del Pueblo

El vínculo entre bancos y clientes no siempre es armonioso
Los primeros conflictos entre ambos se debieron a las prácticas usurarias de casas bancarias que, hace 1.400 años, obligaron al emperador Justiniano a regular las tasas de interés. Los porteños recién contaron con servicios bancarios en 1822, cuando el Banco de la Provincia de Buenos Aires abrió sus puertas. Sin embargo, hubo que esperar a que comenzara el siglo XXI para que los vecinos se bancarizaran masivamente. El aluvión de usuarios multiplicó los conflictos y llevó a la creación de la Defensoría del Cliente Bancario, dependencia que desde hace un año funciona en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

A los 60, Raúl se siente un pibe, pero su memoria guarda imágenes del tiempo del jopo. Recuerda, por caso, a los cobradores del gas o de la luz timbreando en cada casa para recabar el pago del servicio. Al almacenero anotando en libretas negras las compras que sus clientes abonarían a fin de mes. Al tendero que facilitaba la compra de un traje en infinitas cuotas sin interés. Por entonces –dice Raúl- los créditos se arreglaban de palabra y las deudas se pagaban billete sobre billete.

Aquellas costumbres de un Buenos Aires no tan lejano se fueron esfumando con la aparición de los plásticos (ver Plastilandia). Primero fueron las tarjetas de compra; después vinieron las de crédito y, al fin, llegaron las de débito. Entre todas reemplazaron en gran parte el uso del papel moneda.

Como los principales emisores de tarjetas son los bancos, el público comenzó a volcarse a ellos y a acceder a sus servicios mediante contratos de adhesión cuyas cláusulas fija unilateralmente la entidad sin que el cliente pueda chistar.

Bajo esas condiciones, la relación de fuerzas entre cliente y banco se asimilaba a la que existió entre David y Goliath. Claro que ante los conflictos, el cliente no puede recurrir a los hondazos, tal como lo hizo el joven pastor bíblico para vencer la prepotencia del gigante filisteo. Por eso, la ley local 1.538 incorporó a la Defensoría del Pueblo porteña una nueva adjuntía facultada para intervenir en cuestiones bancarias, financieras, mutuales y cooperativas.

Desde marzo de 2009, esa adjuntía está a cargo de la profesora Graciela Muñiz, quien -además de asesorar y orientar a clientes bancarios- ha recibido más de 100 consultas referidas -entre otras cosas- a falta de seguridad en cajeros automáticos, a promociones engañosas y a la inclusión o permanencia indebida de los clientes en las llamadas centrales de riesgo crediticio, comúnmente identificas con el temible Veraz.

Muñiz asegura que 8 de cada diez casos denunciados ante su adjuntía se resolvieron con éxito y estima que cada uno insumió entre dos y tres meses de gestión, salvo cuando el ticket expelido por el cajero registra una extracción superior a la real. En esos casos, todo es más engorroso porque depende de que la operación haya quedado registrada en la cámara de seguridad.

Otra preocupación de Muñiz radica en las financieras que operan sin la supervisión del Banco Central. Son –explica- las que mediante afiches callejeros, avisos en los diarios o a través de Internet ofrecen créditos con mínimos requisitos y enormes facilidades o tientan a inversionistas con jugosas tasas de interés, pero que luego sorprenden a los incautos con intereses usurarios o con rentas incobrables. Como ejemplo, cita la operatoria de Pres Group SRL, cuyo accionar fraudulento originó una causa penal.

Pero como no todo es plata, Muñiz se ocupa también la atención que los bancos brindan al público. Así surge, por ejemplo, de la resolución que la Defensoría emitió a fines de 2009 planteando las dificultades de las personas con discapacidad física para acceder a las instalaciones del Banco Ciudad o los trastornos que, en ocasiones, padecen los jubilados y pensionados al momento de cobrar sus haberes.

Por cierto, los tiempos evocado por don Raúl eran menos complejos.

PLASTILANDIA (*)

Primero fueron las tarjetas de compra, y la que hizo punta por aquí fue la Diners. Acceder a ella exigía ser propietario, tener altos ingresos y solvencia moral para saldar el total de las deudas cada fin de mes. Semejantes demandas hicieron que en 1961, año de su lanzamiento, sólo contara con 156 socios y 78 comercios adheridos.

Ocho años después, entraron a competir la London y la CitiCard que ampliaron el universo de usuarios aunque sólo estaban al alcance de los clientes de las entidades emisoras: el Banco de Londres y el First National City Bank, respectivamente.

En 1972 surgió Argencard, la primera tarjeta de crédito que apuntaba a captar a la por entonces amplia clase media.

Más recientes son las tarjetas de débito que, aunque asomaron en 1979 con la instalación de los primeros cajeros automáticos, sólo se popularizaron cuando éstos se conectaran en red (Banelco en 1985 y Link en 1988).

En vísperas de la crisis del 2001, se resolvió que los salarios de los trabajadores debían depositarse en cuentas a sus nombres abiertas en bancos provistos de cajeros automáticos; con lo cual, se bancarizó a los asalariados formales.

Meses después, el Gobierno Nacional dispuso reintegrar cinco puntos del IVA a quienes compraran con tarjeta de débito. Desde entonces, la modalidad se generalizó tanto que dio origen al término tarjetear, verbo que en ciertos ámbitos psicoanalíticos refiere a postergar la resolución de conflictos.

(*) Los datos fueron extraídos de Historia de la Tarjeta de Crédito - Una Historia de Historias, obra de Roberto Deyá y Carlos Ibáñez.

El dato: Descargá el volante Tus derechos sin letra chica, en el que se brinda consejos útiles que los vecinos deben tener en cuenta al extraer dinero de cajeros automáticos, percibir beneficios previsionales y solicitar los denominados préstamos inmediatos.

Fuente: Defensoría de Pueblo de la Ciudad

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