Si bien señaló que este concepto esta previsto en la educación secundaria, recomienda que para el caso de su implementación, se respete –para la designación- el orden de mérito y los puntajes de los profesionales de la educación, en aplicación de lo previsto del Estatuto Docente.

Paralelamente a las recomendaciones, Corregido pidió informes a la cartera educativa provincial para que den cuentan sobre los mecanismos de información y notificación a las autoridades correspondientes de aquellos docentes que se adhieren a las medidas de fuerza; asimismo pidió conocer la fórmula para el cálculo del monto a descontar por día de paro, y el rubro/nomenclador o código utilizado en la liquidación de haberes para la aplicación de los descuentos.

Oficiará de mediador

Corregido hizo saber que recibió notas de padres y tutores de la comunidad educativa de Sáenz Peña, como así también de referentes gremiales del sindicato docente Federación Sitech, por lo que toma intervención a partir de que se ven implicados derechos humanos de los niños, el derecho a la educación y el bienestar general de la comunidad educativa. Es en este contexto que resolvió oficiar de mediador y mantener reuniones con todos los sectores para acercar posiciones.

En este sentido reconoce que “resulta necesario aplicar las herramientas legales pertinentes a fin de salvaguardar los derechos de la comunidad educativa afectada por las medidas de fuerza que llevan adelante los gremios Federación Sitech y Atech, asegurando los 180 días de clase y el derecho de acceso a la educación en condiciones dignas como ejes de las políticas públicas estatales en esta materia (Ley N° 25.684); sin perder de vista el derecho constitucional de huelga y de peticionar a las autoridades por parte de los docentes”.

Ratificó la decisión de mantener reuniones privadas con los padres y miembros de las comunidades educativas que se sientan afectados por esta situación, a fin de ilustrarse de las particularidades del caso, como también con los referentes de los gremios y las autoridades del Ministerio de Educación, a fin de ofrecer una instancia de conciliación y arbitraje entre los actores sociales implicados. Aseguró que la intención es acercar posiciones en pos de una solución al conflicto, y asegurar el derecho a la educación de los niños.