En este marco, Victor Galarza informó que el procedimiento comienza cuando las comisiones municipales contratan con empresas privadas el servicio para implementar el sistema de control de velocidades (fotomultas o boletas voladoras) sobre una Ruta Nacional Nº 9 y Nº 34 que no forma parte del dominio municipal y respecto de la cual no tienen competencia en materia de tránsito y seguridad vial.

Durante agosto y del corriente mes, la Defensoría recibió numerosas denuncias de turistas domiciliados en diferentes provincias del país, quienes fueron objeto de fotomultas de alto valor y sin las formalidades necesarias para ser consideradas legales.

Ante esto y ante las nuevas faltas encontradas luego de las últimas investigaciones, Galarza emitió dos nuevas resoluciones (Resolución Nº 608 - DPJUJ y Resolución Nº 613 - DPJUJ), una para la Comisión Municipal de Maimará y otra para la Comisión de Pampa Blanca, con las que se notificaron a ambas para que cesen en la aplicación de este sistema ilegal e inconstitucional arbitrarios y carentes de competencia en todos sus procedimientos.

Ante las denuncias recepcionadas, respecto de la ilegalidad e inconstitucionalidad que reviste a este sistema de multas, las comisiones no pudieron acreditar ante el Defensor del Pueblo que dieron acabado cumplimiento a la normativa vigente para legitimar la aplicación del sistema de fotomultas. Además, a la notoria incompetencia de los municipios anteriormente señalada, cabe agregar la nulidad que adolece el acta de comprobación de la supuesta infracción y cuyos vicios iniciales trascienden durante todo el proceso sin posibilidad de ser subsanados.

Respecto de los datos personales, recordó que las imágenes de las personas y las patentes de los automotores constituyen datos personales a los efectos de la Ley 25.326, dado que permiten identificar al titular de los mismos mediante un procedimiento de esfuerzo razonable. Si la captación de imágenes es en espacios públicos de libre circulación, necesita del consentimiento de los titulares de los datos según lo establecen claramente los artículos 5 y 11 de dicha norma, algo que no sucedió en estos casos.