Mientras los nombres de eventuales sucesores saltan de un despacho a otro en la Legislatura, el actual defensor del Pueblo, Jorge García Mena, confirmó que participará de la compulsa parlamentaria para continuar en el cargo al que asumió en 2004.

La Ley Nº 6.644 habilita la reelección del ombudsman por otro período de cinco años. Sin embargo, la norma no establece claramente cuál es el mecanismo que debe seguir la Cámara en caso de optar por esa alternativa. Frente a esa laguna legal, García Mena anticipó que presentará su currículum una vez que se abra el registro público de postulantes, la próxima semana (Ver "Los interesados...").

"Voy a presentarme a un nuevo período dentro del marco general de la convocatoria. Creo que la Legislatura puede hacer una ley de prórroga de mandato, pero me parece mas legítimo que todos nos presentemos por igual a una elección y que defina la Cámara si tengo que seguir o no. Ese es el único canal que está previsto en la ley", afirmó el abogado.

García Mena es consciente de que los aspirantes al cargo serán muchísimos, toda vez de que la ley no exige mayores requisitos que los de residencia y el referido a tener más de 25 años de edad. Cuando él fue elegido por la Legislatura, en septiembre de 2004, una de las exigencias para los interesados era contar con un título profesional. Sin embargo, el ombudsman no cree que ese requisito sea excluyente. "No es fundamental para que incida en el desempeño de la función. Sí creo que quien desee ocupar la Defensoría debe contar con una formación y un conocimiento de la cuestión social, sus posibles formas de resolución y hasta los pasos administrativos que se deben seguir en las dependencias del Estado", aseveró.

El artículo 8 de la ley aclara que al ombudsman le está especialmente vedado estar afiliado a partido político alguno, así como la actividad política partidaria. "La incompatibilidad para acceder a cargos electivos subsiste durante los dos años posteriores al cese de sus funciones", sostiene el texto. Aunque con recaudos, García Mena deslizó que no está de acuerdo con esa imposición, pero que la respetará en caso de no continuar al frente de la Defensoría. "Es una normativa que presenta un alto contenido ético, no pienso cuestionarla. Me guste o no, debo aceptarla. Obviamente, será respetada", aseveró el ombudsman.

Respecto del trabajo desarrollado en los seis años de mandato, García Mena se mostró satisfecho, aunque reconoció que subsisten asuntos pendientes. "Tenemos un plan de atención focalizada en el interior: enviamos nuestra gente, permanecen dos o tres días en el lugar, ven cómo funciona la escuela, cómo funciona el CAPS, cómo se atiende a los afiliados del PAMI, y si tienen canales para quejarse, entre otras cosas. Por eso, cuando llegamos, los delegados comunales se sienten muy incómodos, porque nunca recibieron controles de nada. Le parece raro que un organismo de control llegue con esa profundidad. Se sienten sorprendidos, pero les explicamos que no vamos a confrontar, sino a dar soluciones de tipo social", explicó.