El recurso fue presentado ante el Juzgado de Familia Nº 7 de Bariloche y requiere se ordene al Ministerio de Salud garantice la atención sanitaria y profesional.

El defensor relató que el hospital atraviesa “una de las más críticas situaciones desde su creación” agravada por el desastre natural del 4 de junio pasado con la erupción del volcán Puyehue-cordón Caulle.

Señaló la necesidad de contar con profesionales médicos “atento ser la salud un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos” y reclamó como indispensable por la situación climática y los efectos de las cenizas, contar con neumonólogos y oftalmólogos, además de los cuatro médicos generalistas, así como también mejorar las condiciones edilicias y de los trabajadores del sector sanitario.

“Los habitantes de Ingeniero Jacobacci se encuentran en un estado de total vulnerabilidad, en lo que respecta a la cobertura de salud, resultando imprescindible que de manera urgente e inmediata se dé una respuesta desde el Estado a fin de salvaguardar los derechos que le asisten a los mismos”, indicó el defensor Ziede en su presentación.

Respecto de las condiciones edilicias del hospital, el defensor consignó que no se puede garantizar una buena atención ya que el quirófano se encuentra en “muy malas condiciones”.

Mientras que la situación se agrava por el reclamo laboral de los trabajadores de la Salud que se encuentran en asamblea permanente y trabajan a reglamento.

El defensor consideró oportuno impulsar un recurso de amparo para salvaguardar los derechos fundamentales de la población de manera urgente y atento a que se agotaron a su entender las vías administrativas para realizar los reclamos al Ministerio de Salud “sin lograr una respuesta adecuada a la necesidad de que se garantice la provisión de la salud de todos los habitantes de esta zona”.

Finalmente agregó Ziede que la responsabilidad por la crítica situación del hospital recae sobre el Poder Ejecutivo Provincial que a través de sus dependencias correspondientes debió ejecutar oportunamente las obligaciones a su cargo impuestas por la legislación vigente y señaló que “la judicialización de los casos como el presente denota, por parte de los mencionados organismos, al menos incumplimiento injustificado de las responsabilidades institucionales asignadas”. (ADN)