Todo se originó a partir de una entrevista publicada en forma exclusiva por Diario Patagónico, con los jueces penales de la ciudad, José Rago y Hugo Juárez. A partir de sus responsabilidades y su visión de impartir justicia, Buzzi salió al cruce afirmando que “no se hacen cargo de nada y, una vez más, buscan transferir las responsabilidades a otros”.

Pero la respuesta de Barone surgió porque el intendente arremetió contra Iris Moreyra, defensora oficial del imputado en el asesinato del policía Adrián Manquepán. Buzzi criticó a Moreyra por las “absurdas exigencias” que habría planteado en la audiencia de detención en cuanto al traslado del detenido.

Al respecto, el Defensor General afirmó que “la obligación de velar por el trato digno viene impuesta a todos los funcionarios de nuestra Provincia. No sólo a jueces, fiscales y defensores sino también a intendentes, ministros y policías, entre otros, por imperio directo de nuestra Constitución Provincial”.

En cuanto al trato que debe recibir todo detenido, dejó en claro la eliminación de todo rasgo degradante, sin importar el delito que se le impute a una persona ni aún la condena que hubiese recaído en su contra. Por eso la Constitución Provincial reza en su artículo 22: “Es responsable el funcionario o magistrado que ordene, consienta o instigue la violación de los derechos humanos u omita tomar las medidas y recaudos tendientes a su preservación”.

En este contexto legal, “no parece adecuado que un funcionario público se muestre encolerizado cuando otro, en el caso la doctora Iris Moreira, cumple y pretende hacer cumplir esta manda constitucional. La defensa de la legalidad es carga, entre otras instituciones, de la nuestra, y se realiza siempre, también cuando se atienden casos de policías procesados, aún en hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones”, argumentó Barone.

Por último, el funcionario citó la frase: “las garantías son las cadenas con las que se atan las sociedades en tiempos de crisis para no tener que arrepentirse al volver a la normalidad” y agregó que examinada la queja que en forma oportuna y adecuada efectuara la Defensora Jefe a la institución policial, “no cabe más que confirmarla en el contexto legal que he descripto muy brevemente, instándola a mantener, como lo hace, una conducta proactiva en defensa de la legalidad”.