En su estrategia para deslindar las responsabilidades de Roberto “El Tuerto” Albornoz en los aberrantes crímenes contra la humanidad que se cometieron en la ex Jefatura de Policía durante la última dictadura militar, el abogado Ezequiel Avila Gallo (h) puso en el blanco al represor Antonio Domingo Bussi.

“Hoy, a 34 años de los hechos, es fácil hacerle de capotón furioso a un Bussi con máscara de oxígeno. Pero hace 34 años nadie lo miraba fuerte. Había un temor reverencial generalizado, sea en la esfera privada o dentro de la estructura administrativa de la provincia. En ese contexto, nadie hacía nada sin que lo haya ordenado Bussi”, lanzó para justificar un clima de temor que paralizaba a la sociedad –según él- incluido su defendido. “Ni (Alberto) Cattáneo tomaba las decisiones DF (Disposición Final, era la sigla que indicaba la muerte) sin consultarle a Bussi”, agregó en otro momento.

En la primera parte de su alegato, el abogado intentó derribar la figura del autor mediato (el que tiene el dominio de los hechos) que pesa sobre su defendido y aseguró que Albornoz no era “dueño" de las decisiones. “Félix González Naya no le permitía dar ninguna orden. El era quien recibía la orden y la ejecutaba, ignorando a mi defendido. Lo único que hacía Albornoz era el resguardo de los detenidos.No participó de los interrogatorios ni de las detenciones”, señaló.

Distendido, Avila Gallo (h) contó una anécdota en la que González Naya pudo acceder a una camioneta de la concesionaria de Salomón Alperovich a pesar de que no tenía la totalidad del dinero para comprarla, para demostrar el miedo que impartía hasta en el sector privado. “Este personaje siniestro no necesitaba nada de Albornoz para su cometido”, insistió.

Sostuvo que las decisiones se tomaban en la Comunidad Informativa y luego pasaban a la Jefatura pero ahí no se ejecutaban, sólo se cumplían disposiciones de libertad. “Por lo tanto, no puede ser acusado de homicidio. Estaba ahí, pero sólo tenía la custodia de los detenidos. Albornoz no tenía posibilidades de denunciar los hechos en ningún lado y seguramente tenía la conciencia colectiva del algo habrán hecho”, insistió para intentar justificar su pedido para que Albornoz sea absuelto.

El fiscal federal Alfredo Terraf, al igual que los querellantes, pidió que sea condenado a prisión perpetua, junto a Luciano Benjamín Menéndez, como autor mediato penalmente responsable por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos reiterados, tormentos seguidos de muerte, desaparición forzada y homicidio calificado y asociación ilícita agravada, todos considerados delitos de lesa humanidad en el marco del delito de genocidio.

Avila Gallo (h) sostuvo que "El Tuerto" no ocupaba ninguna de las Jefaturas, cuando tanto el fiscal como los querellantes aseguraron en sus alegatos que quedó probado que estuvo al frente tanto del Servicio de Inteligencia Confidencial (SIC) como del D2, entre los años 75 y 78. El abogado no mencionó ninguna de esas funciones y sólo recordó una parte de la historia, su paso como jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la provincia durante el Operativo Independencia.

En ese sentido, intentó minimizar su responsabilidad y señaló que estaba en el mismo lugar físico de la ex Jefatura, impedido de tomar alguna decisión. “Lo único que hacía era caminar derecho, preguntar poco y controlar presos”, lanzó. Después quiso derribar la acusación de autor directo con respecto a los hermanos López, Enrique Pastor Cerezo y Daniel Fontanarrosa.

En el momento de la réplica, Terraf lo acusó de haber tenido expresiones “atrevidas y temerarias”. “En una actitud atrevida preguntó dónde estaba yo el 7 de julio del ’77 y ahora me preocupo por los derechos humanos. En esa época era estudiante de abogacía. Cuando dice que todos somos responsables por acción u omisión también es una expresión atrevida y temeraria, porque busca que todos sean culpables para que nadie lo sea”, replicó.

Antes, aclaró que nunca votó a Bussi y que no tenía nada que ver con su “pariente” que impulsó su candidatura a gobernador en 1987. “En esa época, estaba apoyando la candidatura de (Rubén) Chebaia”, precisó, sin dejar de mencionar que Exequiel Avila Gallo, padre, fue el fundador del Partido Bandera Blanca, en apoyo a Bussi.

Por su parte, la abogada querellante salió a echar por tierra los argumentos de Avila Gallo (h). “Todos los que estuvimos en esa época, nos acordamos quién era Albornoz. Ya en el tucumanazo detenía estudiantes y jóvenes que estaban contra la dictadura de Onganía. Desde esa época hacía tareas de inteligencia, directa o indirectamente”, señaló con tono enérgico. “Él nunca –agregó- dijo que cumplía órdenes sino que mantuvo el pacto de sangre. Actuó con convicción ideológica. Aquí hemos tenido el privilegio de que ver lo que hacía Albornoz en Jefatura”.