Cuando defendió a Romero en la Cámara de Diputados, el diputado provincial Javier David, llegó a afirmar que la empresa Júcaro –del ex gobernador- terminó de vender las acciones que poseía en Estancia El Carmen en agosto de 2009. Y el jueves pasado Romero cuestionó que se hubiera imputado a su hijo Juan Esteban, asegurando que había estado largo tiempo ausente del país.

Pero el mismo informe que la comisión investigadora de Diputados recibió de Personas Jurídicas fue en sentido contrario a las afirmaciones de David. Para responder por la composición accionaria de la empresa, el organismo envió una fotocopia de su último registro en el que con fecha de 2008, Júcaro figura como socio.

Algo similar ocurre en el legajo de la empresa guardado el Registro Público de Comercio, en el que se basó la fiscal Loyola para imputar a Juan Esteban Romero, debido a que allí figura como director.

En tanto, ninguno de los fiscales que le imputaron aseguraron que el ex gobernador tenía todo planificado en 1997. Al acusarlo por “asociación ilícita”, Eduardo Barrionuevo señaló que el ex gobernador y el grupo de escribanos que participó de las operaciones, buscaron aprovechar las oportunidades que se les iban presentando para favorecer a empresas de su entorno.

Y cuando la fiscal Loyola acusó a Romero, utilizó la teoría del “hombre de atrás” que se vale de personas intercambiables para lograr sus propósitos. El “autor mediato”, por ese motivo, no es alguien que aparezca en los actos administrativos.