Finalizaron hoy las audiencias por el juicio oral y público que se sigue contra el ex agente de la Brigada de Explosivos de la policía de Santa Fe, Roberto José Martínez Dorr, acusado por delitos de lesa humanidad. Ayer se produjo el alegato de la defensa, que solicitó la absolución del imputado haciendo valer el principio de la duda. Esta mañana se escucharon las réplicas y contrarréplicas. Asimismo, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe hizo saber que la lectura de la sentencia fue diferida para el lunes 16 de abril.

Este miércoles, el defensor público Germán Artola pidió “la nulidad parcial del alegato fiscal por haberse incluido un agravante que no estaba contenido en el requerimiento de elevación a juicio”. A colación solicitó al tribunal “la absolución por el principio de ‘in dubio pro reo’, es decir, porque no hay certeza para arribar a una condena”, dijo.

Artola, que estuvo acompañado por su colega Graciela Yocca, también discrepó con “la modalidad concursal” de los delitos atribuidos a Martínez Dorr -dijo que se trataba de concurso ideal y no real-, ya que para la defensa se trata de un sólo hecho y no dos como se le atribuye -privación de la libertad y tormentos-.

Por último objetó “los montos de las penas” reclamadas por las otras partes -la querella pidió 20 años y la Fiscalía 15- y sostuvo que “no correspondía revocar la prisión domiciliaria” de la que goza el imputado.

La audiencia, que tuvo como eje el alegato de la defensa, se extendió por un lapso de dos horas aproximadamente y el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta hoy, cuando se realizaron las réplicas y contraréplicas de las partes.

En dos semanas

El próximo lunes 16 de abril se dará a conocer por lectura el fallo, previo a ello el acusado tendrá la oportunidad de dirigirse al Tribunal y decir las últimas palabras.

El imputado, conocido por el apodo de “Morrongo”, llegó a juicio procesado por la “privación ilegal de la libertad y tormentos agravados en perjuicio del ex militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) Froilán Aguirre”.

Las audiencias empezaron el 1º de marzo y contaron con alrededor de 20 testigos, encabezados por la propia víctima, Froilán Aguirre, que relató lo ocurrido el 8 de septiembre de 1976, cuando fue secuestrado. En el comienzo de los alegatos los abogados de la querella, Horacio Coutaz y María Alejandra Romero Niklison, solicitaron al tribunal una pena de 20 años de cárcel -común y efectiva- por el delito de “privación ilegal de la libertad agravada” por tratarse la víctima “de un perseguido político”.

El Fiscal General Martín Suárez Faisal, por su parte, consideró a Martínez Dorr “como autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencias y amenazas; y tormentos agravados por tratarse de un perseguido político” y estimó en 15 años de prisión de cumplimiento efectivo el monto de la pena.

El tribunal que integran los jueces José María Escobar Cello, María Ivon Vella -presidenta- y Otmar Paulucci (secretaría a cargo de César Toledo), se tomará las próximas dos semanas para deliberar en reunión secreta.