Desde que juró como procurador general, a fines de 2016, Julio Conte Grand generó fuertes ruidos políticos. Su estrecho vínculo con la exgobernadora María Eugenia Vidal lo puso en la primera línea de fuego y la polémica por el otorgamiento de prisiones domiciliarias a detenidos que forman parte de la población de riesgo ante el coronavirus terminó de transformarlo en blanco del oficialismo. El inicio del contexto bélico empujó a otros actores a tomar posición y a analizar el rol del jefe de fiscales y defesores y las posibles salidas al conflicto: negociación, renuncia o jury de enjuiciamiento.

“Las decisiones sobre las excarcelaciones u otros beneficios a los detenidos no las toman los defensores ni los fiscales, las toman los jueces”. Con es frase, Conte Grand intentó blindarse de los ataques luego de que dictara la Resolución 158 del Ministerio Público Fiscal donde instruyó a los defensores oficiales para que solicitaran estos permisos en base a criterios internacionales. Sus declaraciones llegaron tarde, pero le permitieron reflotar aliados en sectores de la oposición.

 

 

 

Fuentes de la mesa chica de Vidal dijeron a Letra P que las críticas del gobierno a Conte Grand son parte de una “estrategia de distracción para echarle la culpa a alguien” por la crisis en los penales. Y más: están convencidos de que el Ejecutivo que encabeza Axel Kicillof dio órdenes explícitas de liberar presos para descomprimir la olla a presión de las unidades penitenciarias. “Piden la renuncia como una medida de distracción para echarle la culpa a alguien a raíz del malestar de la gente contra la liberación de presos”, apuntaron.

Uno de los capítulos sobresalientes de la novela excarcelaciones fue escrito por el propio gobernador y su ministra de Gobierno, Teresa García. En la conferencia de prensa en la que anunció la ampliación de plazas y la construcción de nuevas unidades penitenciarias, el mandatario cuestionó el desorden de la justicia y apuntó al procurador. Luego, en una entrevista con Letra P, la funcionaria de su gabinete fue taxativa: “Conte Grand no puede ser procurador porque no es objetivo”.

Fuentes del macrismo en el Senado bonaerense consideran que los disparos contra el exsecretario de Legal y Técnica de la gestión anterior pretenden “desviar la atención”. Aun así, analizaron que el único camino que tiene el oficialismo para liberar ese cargo clave es “continuar con una campaña de desprestigio”, ya que no observan posibilidad alguna de renuncia o jury de enjuiciamiento. Una salida por juicio político parece improbable, ya que debe iniciarse en la Cámara alta, donde manda el vidalismo. “Acá no van a tener los números”, aclararon desde Juntos por el Cambio, espacio que mantiene 26 de las 46 bancas del Senado.  

Ante este panorama, otros legisladores de la oposición que conocen tan bien el ámbito legislativo como el judicial aseguraron a este medio que la única salida posible al conflicto es levantando banderas blancas y comenzando una negociación. “Tiene un cargo de ley y eso hay que respetarlo. Si lo quieren sacar al estilo kirchnerista, a las patadas, perdieron; nunca lo van a lograr y tampoco vemos que haya elementos para un juicio”, apuntaron.

En el gobierno están atentos a las repercusiones y evalúan dejar enfriar la artillería, aunque siguen vinculando a Conte Grand con Juntos por el Cambio. Tiran el pasado sobre la mesa: el reemplazante de María del Carmen Falbo estrechó su vínculo con la exgobernadora cuando se desempeñó como procurador porteño en épocas en que Vidal era vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo ahondó más tarde, al convertirse en su secretario de Legal y Técnica.