Los subsidios provinciales que sustentan a las asociaciones de bomberos voluntarios en la provincia, siguen siendo un tema polémico en base al poco márgen de control que deja la actual ley 736 para el uso de esos fondos públicos. Las sospechas siempre presentes, tienen fuerza hoy de la mano de dos asociaciones que en la ciudad de Ushuaia tienen suspendido este aporte del Estado por falta de rendición. Un decreto buscará poner coto a esta situación, sobre la cual pocos se animan a avanzar ante el fuerte lobby de la Federación de asociaciones.

El sostenimiento de parte del Estado Provincial hacia instituciones sociales tan vitales como son las asociaciones de bomberos voluntarios, sigue siendo un tema álgido y difícil de resolver, que siempre se diluye en cuanto las autobombas toman todo el frente de la Casa de Gobierno, como una especie de lobby callejero.

Actualmente estas instituciones perciben por la ley 736, el 2,3% del total de lo recaudado por la provincia en concepto por Ingresos Brutos, lo que se distribuye entre los tres cuarteles existentes en Ushuaia, la asociación de Tolhuin y la de la ciudad de Río Grande.

Dicha ley solo tuvo como decreto reglamentario el 1271, que no deja margen a un debido control del destino que reciben esos fondos públicos, siendo el único “contralor” la Inspección General de Justicia con una relativa supervisión que deja al libre albedrío de cada asociación el gasto de esos dineros públicos.

La Dirección Provincial de Defensa Civil solo está limitada al control operativo de cada uno de los cuarteles, que a pesar del importante financiamiento recibido, muy pocos cuentan con una dotación permanente de bomberos para asistir a las emergencias, registrándose en muchos casos la salida de unidades con un solitario chofer para sumarse luego otros bomberos que realizarán la vital tarea.

A esto se suman las permanentes sospechas en el manejo de los fondos, que incluso registraron una increíble interna en Río Grande que derivó en la purga de los bomberos denunciantes el año pasado, y casos actuales como los ocurridos con los cuarteles “Bomberos Zona Norte” y “Bomberos Ushuaia”, de la capital provincial.

Estas dos asociaciones tienen suspendido el subsidio desde hace dos meses y los problemas operativos ya se hacen más que evidentes, sobre todo en el caso de “Zona Norte”, en razón de que no presentaron en tiempo y forma las rendiciones de gastos de períodos anteriores.

Si bien en los últimos días se presentaron algunas de esas rendiciones ante tal extrema situación, las asociaciones citadas todavía carecen del certificado de situación regular que les permite acceder al beneficio.

Pautas para racionalizar el gasto

Este permanente resquemor cuenta con una aparente voluntad política desde el Estado Provincial para comenzar a encaminar el uso de los fondos que son aportados desde el Estado, y que ante las complicaciones “políticas” que encontró en la Legislatura, tendría como alternativa la firma de una modificatoria al decreto reglamentario de la ley 736.

Esto que podría surgir del seno del mismo Ejecutivo Provincial en las próximas semanas, buscaría reglamentar -en porcentajes estipulados previamente- el destino o uso de los fondos con el fin de garantizar todos los aspectos operativos de cualquier cuartel y evitando algunas inversiones de dudoso provecho para la comunidad.

Los gastos en combustibles, refacciones y reparaciones suelen ser los de mayor dificultad al momento de controlar, por lo que el decreto buscaría limitar la disponibilidad de fondos para tal fin, pudiendo realizarse autorizaciones por parte de la Dirección Provincial de Defensa Civil en caso de gastos extraordinarios que superen el límite estipulado.

Claro que ello deberá estar debidamente documentado y justificado, en lo que parece ser una decisión audaz que obviamente encuentra reparos entre varios dirigentes de las asociaciones, con los que por estos días se tratará de definir un posible consenso en la nueva norma.