Un decreto que garantiza la educación

La declaración de servicio público esencial busca poner coto al sistema de asambleas que decide y desautoriza a los representantes constitucionales. ATEN resuelve otra semana de paro.
Luego de 33 días de huelga, el gobierno de Jorge Sapag decretó la calificación de servicio esencial a la educación, situación legal que obliga a garantizar el dictado de clases en las escuelas y prevé sanciones a quienes incumplan con la prestación de la actividad.

La medida es una fuerte apuesta de la gestión Sapag que debe soportar una de las medidas de fuerza más extensas en la historia post dictadura. La Provincia y el gremio estatal de los maestros mantuvieron casi como costumbre en forma anual disputas por la distribución de fondos, pero nunca se llegó con paros hasta el quinto mes del año. Como si fuera un axioma, siempre terminaron después de Semana Santa, incluyendo las del gobierno anterior donde se asistía a una demostración de fuerza verbal y física.

Una estructura gremial de toma de decisiones que es vista como ejemplo de una democracia participativa, bien del manual que define los conceptos cívicos, se transformó, contradictoriamente, en un escollo que pone en duda el precepto constitucional de que se gobierna y se delibera a través de los representantes.

La Asociación Trabajadores de la Educación del Neuquén, ATEN, que nació antes de 1976 y se consolidó después de 1983, rinde culto a la democracia directa transformando la asamblea en el soberano que resuelve sobre el servicio educativo del que se sirve toda la sociedad. Una asamblea resuelve en cuestión de horas sobre un espacio de socialización y acceso a la igualdad social que, en términos cívicos, es un escenario por excelencia: la escuela.

Pareciera que todos los intentos por doblar una hostilidad que se justifica en los índices inflacionarios que no están en manos del gobierno provincial nacen sin ánimos de que lleguen a buen puerto. En lo que va de este ciclo lectivo se contabilizan 33 días de paro de docentes, con esquemas progresivos desde la primera semana de marzo de medidas de fuerza de 24, 48 y 72 horas, hasta los cinco días que se comenzaron en mayo.

Si se realiza el esfuerzo por medir el impacto de las asambleas de maestros se podría historiar que fueron un serio escollo para los gobiernos constitucionales neuquinos desde la segunda parte de la década del ''80. Los estudiosos de los movimientos obreros dicen que no hay organizaciones que reúnan a empleados públicos de clase media que tengan un esquema decisorio como éste en el país. De hecho quienes deben encabezar las rondas de negociaciones, es decir los dirigentes sindicales que tienen licencias pagadas para hacer eso, es decir ejercer el papel de dirigentes, tienen un margen de maniobra nulo para estar sentados en representación de los afiliados. El viernes quedó demostrado tras escuchar sus declaraciones que eran proclives a aceptar el acuerdo que después fue rechazado por la asamblea.

La neuquina es una sociedad arribista con escasa o nula trazabilidad de apuesta a trayectos de producción de la tierra que trasuntan en ideas fuerza más conservadoras. La cultura del campamento en la actividad petrolera y la decisiva influencia del empleo público motorizan un complejo de la economía basado en el consumo. Podría ser que, por definición, la traducción sea la fuerte inequidad social contradictoria, en rigor, al concepto de Estado de bienestar que sí profesan las sociedades europeas.

El resultado es que en una típica sociedad tercermundista donde conviven los niños que no pueden ir a la escuela a recibir conocimientos y, probablemente, la única opción de recibir un plato de comida en el día, con aquel que puede pagar por el servicio educativo y que, por ende, posee las herramientas para posicionarse a nivel social y económico. Pero el esquema decisorio del gremio de los maestros parece apuntar a una sociedad del primer mundo.

Es probable que sobrevenga un fuerte debate en torno a si la educación es o no un servicio esencial, circunstancia que nadie, en su sano juicio, podrá poner en tela de juicio.

Tras cuatro propuestas de incrementos salariales, una conciliación obligatoria desoída y plagada de amenazas que nadie cree a ciencia cierta que se apliquen porque no son simpáticas políticamente, Neuquén que tiene la inversión por alumno casi similar a la de Nueva Zelanda perdió un ciclo lectivo en cinco años. Es como que la educación en la provincia de Neuquén se tomó un año sabático.

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