Recordó que hay más de 500 municipios que suscribieron convenios similares, y criticó que Bariloche podría dejar de cobrar unos 27 millones de pesos.

El anuncio del gobierno de Omar Goye de rescindir el contrato con la empresa que realizaba la tarea de relevamiento de la carteletería y publicidad en la vía pública para el cobro del tributo correspondiente, así como la decisión de realizar una denuncia penal contra la gestión anterior, generó una rápida respuesta del ex secretario de Economía, Juan José Deco. El ex funcionario se preguntó si la ciudad está en condiciones de “dejar de cobrar 27 millones de pesos”, y rechazo que el convenio firmado se trate de una tercerización.

“No existe tercerización, ni delegación de facultades a la empresa ni mucho menos concesión de cobro de tasas municipales. El objeto de la locación, tal cual surge del Pliego de Bases y Condiciones, es una locación de servicios de relevamiento, verificación, y constatación de los hechos imponibles por Derechos de Publicidad y Propagando”. Señaló Deco.

Agregó que la empresa Publicanos S.A. realizaba además el “servicio de asesoramiento al municipio para liquidar, determinar y gestionar la cobranza” por el concepto mencionado. Por esa tarea, el privado se quedaba con el 35 por ciento de lo percibido por el municipio.

Para el secretario de Economía, “la municipalidad es la única que tiene facultades para instrumentar el proceso determinativo, liquidar deuda tributaria y cobrar”, y que “la empresa colabora, asesora, coadyuva, acerca a las empresas nacionales y multinacionales, gestiona la cobranza, y la municipalidad instrumenta la determinación fiscal y cobra”.

Deco recordó que para la firma con Publicanos, “se analizó el pliego de bases con el SOYEM a los efectos de salvaguardar los derechos del empleado municipal. Lo mismo se hizo con el Tribunal de Contralor y su Asesor Letrado, quienes sugirieron modificaciones que se tuvieron en cuenta”.

“Hay más de 500 municipios que han contratado a empresas privadas para desarrollar este tipo de servicios. Una tercerización o concesión de facultades públicas sería inconstitucional, en cambio, la contratación de un servicio, a riesgo empresario, manteniendo la municipalidad las facultades para determinar las deudas fiscales y cobrar, no es bajo ningún aspecto inconstitucional”, explicó.

Entre las ciudades que avanzaron en un proceso similar figuran Mendoza, Resistencia, Paraná, Mar del Plata, Avellaneda, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo rubricará el 24 de febrero de este año.

“Ya que Goye firmó un convenio con el municipio de San Antonio, le podría haber preguntado al intendente cómo es la experiencia con Publicanos, porque ellos también firmaron”, dijo Deco a ANB.

Para el ex funcionario, la nueva administración “no se tomó la molestia” de analizar el pliego de Bases y Condiciones, y rechazó que existan irregularidades en el proceso licitatorio, ya que Publicanos S.A. y Gramura S.R.L. -las dos empresas oferentes-, no comparten estructura societaria, tal como denunció Goye. “Yo en forma personal -dijo Deco- verifiqué que la composición actual de Publicanos no tiene nada que ver, ni un solo socio es o fue parte de Gramura, y tampoco coincidía el domicilio legal”.

Además, recordó que el Tribunal de Contralor, “en manos de la oposición”, aprobó la contratación de la empresa.

“En menos de un año se incrementó la recaudación en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda en más de un 500 por ciento. La empresa acercó a más de 40 empresas nacionales y multinacionales al Municipio, quienes cancelaron sus deudas fiscales en dicho concepto. Claramente estas más de 40 importantes empresas no hubieran cancelado su deuda si no hubiera sido por el trabajo de Publicanos”, destacó Deco, y estimó en 4,3 millones de pesos los ingresos en 10 meses, por ese concepto.

La firma privada intentó la entrega de cheques provenientes de "cierres pendientes con empresas multinacionales por aproximadamente 200 mil pesos, los que fueron devueltos a los libradores", indicó, y anticipó que Publicanos "iniciará acciones judiciales, lo cual va aterminar en un juicio perdido, cuyo costo lo va a terminar pagando la comunidad", dijo el ex titular de Economía.

En tanto, sobre el fondo de 5 millones de pesos embargado a Coca Cola (ver nota adjunta), explicó que "el Banco Francés depositó en forma errónea los fondos en la cuenta de Rentas Generales (municipales), pero en forma inmediata se tramito la creación de la cuenta judicial respectiva para el depósito de los fondos".

Finalmente, Deco informó que el trabajo de relevamiento de Publicanos permitió detectar “38 mil metros de publicidad en mora, lo que arrojó un saldo para cobrar de más de 27 millones de pesos que este nuevo gobierno esta resignando de cobrar en perjuicio de los vecinos de Bariloche y a favor de las grandes corporaciones”, concluyó. (ANB)