Como argumento central, los jueces del máximo tribunal provincial sostuvieron que “debe ser el Ejecutivo el órgano específico que, sin delegación de especie alguna, procure eficazmente conformar sus rentas con sus propios agentes”.

“No se vislumbra de qué modo se pueden auditar las cuentas de una empresa privada, que debe recaudar rentas públicas, sin antes no confundir el fin de bien común al que propende el Estado con el fin de lucro propio de la actividad comercial de los particulares”, sentencian los magistrados.

Expertos consultados resaltaron que el fallo es “ejemplificador” al marcar un límite a la tendencia de dejar en manos de “estudios o profesionales privados” la gestión y cobro de impuestos.

A cambio, las compañías que ganan las licitaciones reciben honorarios que se calculan en base al monto extra recaudado. “Esto ha motivado evidentes excesos en la gestión, que se han traducido en intimaciones y determinaciones de oficio irracionales”, advirtieron las fuentes consultadas.

En otras palabras, las empresas adjudicatarias lanzan campañas masivas de intimaciones e inspecciones a fin de generar un excedente en los ingresos fiscales que les garantice un buen margen de ganancias.