La jueza María Cristina Barrionuevo indagó finalmente ayer, después de varias postergaciones, al ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu, y a la gobernadora Fabiana Ríos, en la causa penal que investiga el presunto nombramiento ilegal del actual director del Servicio Penitenciario, Carlos Devaz.

Ríos presentó un escrito exculpatorio y no contestó preguntas de la magistrada. Tampoco hizo declaraciones a la prensa que la esperaba a la salida de Tribunales.

Por su parte Aramburu accedió a ser indagado y justificó la designación de Devaz argumentando que al no estar todavía reglamentada la ley de servicio penitenciario “la determinación de qué se entiende por título universitario o cuáles son los títulos universitarios o las careras afines aún no están definidas, por lo cual entendimos que el título de Devaz como oficial profesional sin duda es afín al área y que con sobrada experiencia”, por lo que afirmó que se actuó “en la férrea convicción del cumplimiento de la ley”.

Sostuvo además que por tratarse de un cargo político la designación es de carácter provisorio.

La denuncia presentada por el ex director del Servicio Penitenciario de la Provincia, Alberto Rojas, plantea que Devaz fue nombrado sin contar con uno de los requisitos legales para haber asumido la nueva función, como es poseer título universitario en materia penitenciaria.

El artículo 253 del Código Penal tipifica como una actividad delictiva la designación por parte de una autoridad, de otro funcionario público “en quien no concurrieren los requisitos legales”. Y como la misma figura involucra “al que aceptare el cargo para el cual no tenga los requisitos legales”, la denuncia también incluye al propio Devaz.

Las autoridades se basan en razones de necesidad al tener que mantener en funcionamiento el Servicio Penitenciario tras la dimisión de Rojas, para argumentar el nombramiento de alguien que no cumple con el requisito legal.