El Concejo Deliberante tiene previsto aprobar en su sesión de mañana el nuevo marco regulatorio para el servicio de transporte urbano de la ciudad de Córdoba, que se pondría en marcha a mediados de 2013.

Anoche, la Comisión de Servicios Públicos del cuerpo pulía la redacción de un despacho por mayoría de la UCR, que recibió algunas correcciones propuestas por bloques opositores y mayor resistencia por parte de la bancada Eva Duarte (riutorismo), que anticipó su rechazo a la iniciativa oficialista.

Como aspecto saliente, el marco regulatorio mantiene la idea inicial del intendente Ramón Mestre de declarar al transporte como “servicio esencial” y fijar la obligatoriedad, para permisionarios y empleados de asegurar su prestación. En caso de paros, deben garantizar al menos un 30 por ciento de los servicios.

Al calificativo de “esencial”, el oficialismo le adicionó a último momento la frase “de alta prioridad”. Se especulaba que esa denominación podía implicar una posible vía para eludir reclamos por presunta inconstitucionalidad que el gremio de los choferes (UTA) anticipó que presentará contra la norma.

Los choferes consideran que le exigencia de prestar servicios siempre y bajo cualquier condición vulnera el derecho a huelga. Y señalan que la legislación nacional ya prevé específicamente los casos de servicios que se consideran esenciales, entre los que no se cuenta el transporte urbano.

Desde el oficialismo, el edil Adrián Casatti insitió en que el proyecto no vulnera derechos gremiales, toda vez que las guardias alcanzarían sólo a un tercio del personal y que se podría ir rotando día por día.

El despacho de la UCR también consignaba que las paradas tendrá entre sí una separación promedio de 500 metros y que la antigüedad de la flota no podrá superar los 10 años.

Si –como se descuenta– el marco regulatorio se aprueba mañana, empezará a correr el plazo fatal de 90 días para que el Ejecutivo envíe al Concejo los pliegos para licitar todo el transporte urbano.

Los trazos gruesos

Con guardias. Se fija que el transporte es servicio “esencial y de alta prioridad y su prestación debe ser continua y obligatoria bajo responsabilidad conjunta o individual de concesionarios y empleados”. Las líneas troncales “no pueden ser alcanzadas por medidas de fuerza, ni reducir su frecuencia por debajo del 30%”.

Discapacidad. Las concesionarias deberán asegurar que inicialmente un 70 por ciento de su flota esté adaptada para personas con discapacidad o movilidad reducida. Ese porcentaje se incrementará en un 15 por ciento en cada año subsiguiente hasta completar que la totalidad de los coches cubra esa exigencia.

Coches. Las unidades tendrán una antigüedad máxima de 10 años y luego serán retiradas del servicio. En su reemplazo, se incorporarán unidades cero kilómetro o usadas. En el caso de estas últimas, no podrán tener más de dos años de antigüedad. Se calcula que el sistema tendrá unos 1.200 coches.

Paradas. Los recorridos serán establecidos en los pliegos de la licitación y el contrato de concesión “procurando que los usuarios no deban caminar, en promedio, distancias superiores a 500 metros”. Habrá prioridad para hospitales y centros educativos, de la tercera edad, deportivos y recreativos.