José Casas, autor del libro Genocidio y Control Social de la dictadura en San Juan declaró ayer frente a los jueces que llevan adelante el juicio oral y público por cuatro causas de violaciones a los derechos Humanos.
Casas fue convocado al debate en su doble calidad de testigo de contexto por su trabajo de investigador y sociólogo, que volcó en el libro de su autoría referido a la represión en la provincia y también como víctima de la represión legal ejercida por la dictadura, ya que sufrió la cárcel y las torturas desde el 20 de abril de 1976 en que fue detenido y su caso está denunciado en el marco de la denominada “Causa Bustos”, que es una de las cuatro acumuladas por las que se juzga a los represores en la provincia.
En la jornada de ayer, Casas sólo se limitó a deponer como testigo de contexto, dando detalles de cómo vivía la sociedad sanjuanina antes, durante y después del golpe estado de 1976 y sobre cómo se desarrolló la represión y las acciones de persecución política en San Juan.
Para el sociólogo, “la principal característica de la dictadura, fue la muerte como producción, para lo que aplicó tres sistemas que tenían a los campos de concentración como el lugar del horror, la cárcel como el lugar del terror y la ciudad, donde estaba la ciudadanía, que era el lugar del temor”.
Y supuso que “la dictadura cometió un genocidio, no sólo medible por la cantidad de muertos y desaparecidos, sino también por su acción de crear temor y adormecimiento de la sociedad, en base a su capacidad de poder disciplinador”.
Según Casas, “el objetivo del golpe y de las acciones de horrorosa y terrible represión, fue el de implantar un nuevo modelo acumulativo, de acuerdo a los intereses de los sectores financieros y de poder económico que necesitaban dar un salto al poder político para poder fortalecer su poder económico”.
Para él, “dado que el gobierno constitucional de entonces no aceptaba entregarles a esos sectores el poder total, desarrollaron un proceso en el que sucumbieron por el ataque desmedido y demencial, los sectores políticos, culturales e ideológicos que se resistían a sus planes”.
Tres momentos
El investigador definió tres momentos diferentes de la represión en San Juan, ya que dijo que “en un primer momento, durante las primeras semanas del golpe, hubo detenciones masivas que en general seguían el circuito de la vieja Legislatura, el RIM 22 y el Penal de Chimbas”.
En ese momento los detenidos “eran fundamentalmente políticos, como el actual gobernador José Luis Gioja, y militantes reconocidos que sufrieron vejámenes y algunos de ellos fueron desaparecidos”.
Después dijo que “vino un proceso de investigación y de avance hacia otros sectores y se hicieron detenciones legales, en las que los detenidos eran llevados a las comisarías y luego directamente al Penal, hasta el 15 de agosto de 1976, en que aparecen dos cuerpos de NN, supuestamente militantes de otra provincia”.
Desde entonces, Casas dijo que “se desató la peor parte de secuestros y asesinatos” y calificó como “un mes fatídico” a aquel octubre de 1976, donde recordó las desapariciones y asesinatos de José Luis Olivares, Norberto Gilbert, Alberto Farías, Víctor Hugo García, Marie Anne Erize, Daniel Russo, Olivencia, Florentino Arias, Rolando Scading, Fede Mazitelli, Francisco Rodríguez y Francisco Alcaráz, entre otros”.
Centros Clandestinos
Según Casas, “previo el golpe, el RIM 22 era un verdadero centro de detenciones ilegales”, y luego, después del golpe militar “funcionarios como campos de concentración, con tratos terribles, inhumanos y crueles, el Barrio Militar de Marquezado, el propio Regimiento 22 y el camping La Marquesita” de donde dijo que “se conocen a tres sobrevivientes que son Nora Díaz que hoy vive en Suecia, el Polaco Moroy que estuvo poco tiempo y el Gringo”, de quien no quiso dar una mayor identificación.
Bloquismo y Olivera
En la última parte de su declaración, Casas se refirió al término “dictadura cívico- militar” y dijo que “eso en San Juan tiene sentido porque muchos dirigentes del Partido Bloquista, ejercieron el gobierno militar y dictador en la provincia” y estimó que “ellos deben haber prestado su colaboración previamente”.
Por otro lado, Casas dijo conocer que “en el ámbito de la Universidad Nacional de San Juan, había un Gabinete Psicológico donde trabajaba la psicóloga Graciela González, esposa de Juan Carlos Salgado”, una de las víctimas, y que “en un momento ingresó otra psicóloga más” a la que identificó como a “la esposa del imputado Jorge Olivera”, en referencia a Martha Rabassi.
Por otro lado, y ante una pregunta Casas dijo que “cuando iba a ser trasladado desde el Penal de Chimbas a Buenos Aires vi en el Penal a un militar a quien había conocido como estudiante en la universidad, que era el oficial Olivera”.
De este modo, el testigo dio crédito a las versiones que dicen que tanto el imputado Jorge Olivera como su esposa, trabajaban en el ámbito universitario haciendo investigaciones.
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