El proyecto de Giustiniani y Morales -que también acompañaron otros legisladores- prevé elevar el haber mínimo -que cobran el 75% de los jubilados que dependen de Anses- de 895,20 a 1.230 pesos, en tanto que el 25% restante de beneficiarios también reclama una actualización más acorde con los niveles inflacionarios.

Cabe aclarar sintéticamente que una jubilación de Anses se ubica con mucha suerte y años de aportes sólo en el 40/45% del último sueldo en actividad, y que por el régimen nacional deben jubilarse todos las personas que trabajan en la actividad privada del país, los cuentapropistas y los agentes públicos nacionales.

El incremento a las jubilaciones nacionales divide aguas entre el oficialismo y la oposición. El canal TN de televisión por cable transmitió en directo la reunión que legisladores de distintas comisiones del Senado mantuvieron con el ministro de Economía, Amado Boudou, y el titular de Anses, Diego Bossio. El gobierno nacional niega que se pueda sostener financieramente en el tiempo la aplicación del 82% para las pasividades y también dar ese porcentaje para el universo de personas que perciben el haber mínimo.

Varias aristas que preocupan dejó la reunión de marras: por un lado, que las continuas descalificaciones y “chicanas” terminaron enrareciendo el clima e incluso impidiendo que un tema tan sensible como el expuesto tuviera un tratamiento serio y propositivo.

En segundo lugar, a esta periodista le llamó la atención la diferencia de números que manejan los funcionarios del gobierno y los senadores de la Nación. Es como si los legisladores de la Nación no pudieran acceder a la misma base de datos que quienes revisten en funciones ejecutivas. De ser así éste resultaría un dato grave de nuestra realidad política.

Lo dicho no sólo guarda relación con la inversión que demanda la aplicación de la propuesta de Giustiniani y Morales, sino porque además se observó falta de coincidencia en la información sobre los ingresos y erogaciones de Anses, o de la inversión social en la Argentina. Hay números que deberían ser únicos, tanto para los legisladores como para el gobierno.

Otro aspecto no menos inquietante -cuando no amargo- que dejó la reunión transmitida fue la ausencia de una propuesta alternativa. No hubo ningún indicio de que se pudiera alcanzar, mediante el diálogo, una posición intermedia: si no es posible un 82% móvil en el sistema nacional de jubilaciones, que sea un 60% ó 70%, para que los ingresos sean dignos.

Se sabe que el 82% demanda un múltiplo de aportantes en actividad, relación que es muy baja en la Argentina: 1,4 ó 1,5 activo/ pasivo. El subempleo y el trabajo en negro, o el otorgamiento de pasividades a quienes no hicieron aportes, son factores que -entre otros- operan contra del sistema contributivo.

El tiempo presente demanda tener que independizar el costo de la seguridad social de los aportes que puedan realizar los trabajadores en actividad. Pero sí se sostiene que la solución deberá ser acercada desde la política, dado que habrá que determinar qué otros recursos no contributivos usar, es decir cuáles recursos que provengan de los impuestos y rentas que percibe la Nación se pueden orientar para reforzar la masa de recursos destinados a la seguridad social.

Ésta es una decisión que, de darse, necesariamente deberá ser consensuada entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y no sólo para los haberes mínimos.

En la víspera, el doctor Roberto Lavagna, expresó que “es perfectamente posible” pagar a los jubilados el 82 por ciento del salario mínimo, y opinó que para ello se podrían reducir 20 mil millones de pesos de “los subsidios estatales que se otorgan a las empresas de servicios públicos”.

El ex ministro de Economía sostuvo que “las jubilaciones y el aporte a los chicos en situación de pobreza son prioridades absolutas”, porque “es ahí donde la inflación pegó más”.

En esta semana, en la que tanto se habló de discriminación y ampliación de derechos civiles a propósito de la aprobación del matrimonio entre personas de igual sexo, se debería reconocer que un sector discriminado en todos los hechos es el de los jubilados nacionales.

La política no puede desentenderse de una porción tan grande de ciudadanos argentinos, y las imágenes que proyecta el gobierno de su performance gubernamental no son las de un país en crisis. Esta periodista considera que no sólo los pasivos viven situaciones desoladoras, porque en la otra punta del arco siguen siendo muy altos los niveles de marginalidad y de pobreza.

Los temas en cuestión demandan fundamentalmente diálogo y responsabilidad; no pueden ser ni de una parcialidad (gobierno u oposición) ni tampoco para el rédito de una campaña electoral. Por el contrario, la seguridad social de un país termina siendo un dato saliente de los niveles de su calidad institucional.

Al filo de la semana, una buena noticia dejó trascender el ministro de Gobierno, Antonio Bonfatti: estaría a punto de concluirse el trámite por el cual la provincia toma la posesión total y definitiva de las instalaciones que ocupaba en Recreo el Liceo Militar General Belgrano.

La idea de la Casa Gris es llevar allí la Escuela de Policía, pero las instalaciones -actualmente degradadas físicamente- servirían además para un proyecto inclusivo educativo y laboral. En orden a este propósito, en la reunión semanal de gabinete, se expondrían distintas alternativas para el predio.