En el día que el Magistrado tomaba la decisión, el Concejo Deliberante de Mar del Plata distinguió por su “Servicio Social” a los sindicalistas procesados. El homenaje fue impulsado por el bloque de concejales del intendente Pulti.

Por su parte, el Dr. Julio Razona destacó los avances que tuvo la investigación iniciada una década atrás. “La justicia es lentísima y muchas de las formas de las que pueden defenderse los imputados es dilatando las cuestiones -hay un principio dentro del Derecho que dice que el tiempo que pasa es la verdad que huye-, salvo que haya una participación activa por parte de las víctimas, que son varias familias de Miramar que resultaron enormemente perjudicadas por los imputados”, señaló en declaraciones a Radio Nativa.

En ese orden, remarcó que “en estos 11 años no hemos dejado ni un solo día de intervenir” y admitió: “Sabíamos que esto venía para largo pero también que cuando la política entra por la ventana en las causas judiciales, se hace todavía más difícil y engorroso”.

En relación a la resolución emitida por el Magistrado, Razona aseveró que para ellos “es un aliento formidable para que esto se siga investigando”, a la vez recalcó: “Estamos conformes con los dos hechos principales y que determinaron la elevación a juicio, que son la administración fraudulenta y la participación de los arquitectos del Instituto Provincial de la Vivienda en connivencia con estas personas”.

“Es una lucha desigual porque las víctimas son personas de escasísimos recursos económicos, casi nulos, que se tuvieron que enfrentar en todos estos años a grupos de poder y a personas relacionadas con el ámbito político; pero pese a ello, consiguieron esto que es un avance muy importante”, subrayó.

Asimismo, al analizar la distinción que le otorgó el Concejo Deliberante de Mar del Plata a los procesados hermanos Trujillo, el letrado observó que “esto de mostrarse públicamente relacionado con la política, lo único que hace es pretender dar un aval para una decisión judicial, pero indudablemente las decisiones judiciales no se pueden torcer por estas manifestaciones obscenas de poder”.

“Estas son cuestiones particulares entre un grupo de representantes de la comunidad marplatense y un grupo muy importante de trabajadores de la construcción que lo único que hacen es halagarse entre sí como si esa cuestión fuera a torcer una decisión judicial”, puntualizó, a la vez que destacó que “en los hechos queda demostrado que por más que haya cuestiones políticas e intereses económicos desde ambas partes, esto no va a modificar en absoluto la decisión firme de las víctimas del delito de continuar con la investigación”.