La causa judicial encarada en un Juzgado en turno allá por finales de 2008 y principios de 2009, contra las medidas de Estado adoptadas por el ex mandatario Arturo Colombi, tuvo un avance en las últimas horas: se dictó procesamiento al ex titular del Poder Ejecutivo. Al respecto, en comunicación con la periodista Cristina Vicentin el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj), Juan Carlos González dio más detalles y apuntó directamente a que esas decisiones de la gestión anterior fueron muy perniciosas para los bolsillos de los agentes, al deteriorarse en un 50% sus salarios por no poder acceder a actualizaciones monetarias.

Puntualizó González que después de finalizar el ejercicio 2008 y principios de 2009, el gremio elevó una denuncia por posible comisión de delitos en virtud de que los refuerzos de partida que debían ingresar al Poder Judicial. Los cuales eran parte de los excedentes de coparticipación del año 2007, y que por un Decreto gubernamental tendrían que repartirse entre diferentes áreas del Estado y los poderes.

Pero ese paso legal no se cumplió, a pesar de las reiteradas quejas de la cúpula del Superior Tribunal de Justicia que, por medio de acordadas, insistía con obtener esos fondos. Al no ser girados, se violó la Ley de Autarquía Financiera del Poder Judicial y consecuentemente los trabajadores no accedieron a una actualización salarial en todo 2008.

Eso derivó en la presentación de la demanda por parte del Sitraj en el Juzgado de Instrucción en turno. Y en las últimas horas se supo por medio de la prensa que el Juez que entiende el caso dictó procesamiento; ello tras la ratificación de la denuncia por parte del sindicato.

“Porque se ocasionó un grave perjuicio en lo salarial a los trabajadores y se deterioró prácticamente el 50% de los haberes; pero también tiene como consecuencia la falta de cumplimiento de la ley de autarquía financiera que tiene el Poder Judicial. Evidentemente la justicia entendió que corresponde la presentación y por eso dio curso a la denuncia” explicó el gremialista González.

Recordando además que esos recursos que se les negó al Poder Judicial estaban asignados por un Decreto del Poder Ejecutivo, donde se estipulaba que los excedentes de coparticipación debían ser redistribuidos para mejoras salariales entre las distintas reparticiones públicas y de los distintos poderes estatales. La Fiscalía a cargo de Gustavo Robineau llevó adelante la causa y hubo jurisprudencia en las últimas horas.

Montos mínimos

Respecto del deterioro de los haberes, González describió los efectos de esos impedimentos derivados de decisiones del gobierno anterior. Mencionó que por la no actualización salarial, al día de la fecha un agente judicial no supera los 700 pesos de básico y 1500 de bolsillo.