El fallo de los jueces de Corte, funcional a los intereses del ex gobernador, quien nombró a cinco de los actuales integrantes del alto tribunal, volvió a cumplir con la estrategia ideada por la defensa de Romero, pues fue nuevamente motivo de conflicto entre jueces de la Cámara de Acusación.

Como es sabido, cuando surgieron las acusaciones contra del ex gobernador, inicialmente por el caso La Ciénaga, se generó un conflicto de competencia entre los distintos jueces penales que habían recibido las promociones penales planteadas por el Ministerio Público. Lejos de seguir el criterio que hasta ese entonces la misma Corte impulsaba, los jueces del alto tribunal cambiaron de postura y decidieron distribuir las causas, que hoy ascienden a siete, en tres juzgados.

Economía procesal

Fuentes judiciales aseguraron que de esta manera, echaron por tierra el principio de economía procesal y favorecieron a Romero, puesto que de haberse acumulado en un solo juez la producción de pruebas o conflictos se habrían podido resolver, al menos, con mayor celeridad.

Bajo el dicho de "divide y vencerás", la defensa de Romero no sólo se vio favorecida por la Corte, sino también por los jueces debido a que los tres magistrados que entienden en las causas en su contra, a saber Martín Pérez, Formal 1; Antonio Pastrana, Formal 4 y Raúl Sosa Vallejos, Formal 7, (todos nombrados por el ex gobernador) resolvieron favorecerlo al encuadrar las investigaciones como una "información sumaria", encuadre destinado para cuando los jueces y legisladores provinciales son acusados penalmente.

Frente a ello, los fiscales apelaron por entender que Romero es senador nacional, por lo que no le corresponde ser sometido a ese encuadre, sino a lo estipulado por la Ley Nacional de Fueros que avala no sólo que los legisladores nacionales sean encausados, sino que incluso sean indagados.

Ante este conflicto, el caso fue a parar a la Sala I de la Cámara de Acusación, integrada por los jueces Raúl Román y Julio Pancio, quienes en setiembre pasado resolvieron el conflicto y le dieron la razón a los fiscales, dejando allanado el camino para que el ex gobernador sea citado en las distintas causas seguida en su contra por delitos de peculado, asociación ilícita, e incumplimiento de deberes de funcionario público.