Ocurre que el decano José Luis Vázquez decidió postergar para febrero el dictado de los actos administrativos que resolverán la situación de los empleados y funcionarios involucrados en la maniobra para cambiar notas en el sistema informático y en las actas a cambio, en algunos supuestos, de sumas de dinero que variaban entre los $ 50 y los $ 600, de acuerdo con la conclusión de la instrucción.

Según pudo averiguar LA GACETA, la prórroga obedeció a razones de índole operativa y burocrática más que a dudas sobre qué resolución tomar en cada caso: en este sentido, el decano sería proclive a seguir el dictamen -no vinculante- del instructor respecto de las tres exoneraciones y dos cesantías aconsejadas. En cambio, Vázquez dejaría pendiente la resolución de los cuatro apercibimientos que recomendó Bascary hasta tanto la Justicia Federal resuelva la situación procesal de estos empleados en el contexto de la causa que investiga si las conductas desplegadas en Derecho violaron la legislación penal.

La última novedad de esta megacausa que acumula 34 procesamientos es la excusación del nuevo juez federal N°2, Fernando Poviña (h) -relevó al ex magistrado subrogante Mario Racedo a comienzos de este mes-, que optó por apartarse cuando el decano Vázquez solicitó información sobre el expediente. A raíz de esa excusación, la tramitación de esta causa debe continuar en el Juzgado Federal N°1 encabezado por Daniel Bejas (si este magistrado llegase a excusarse, el asunto caería en la órbita de un conjuez).

A diferencia de los no docentes, los casi 100 alumnos con pedido de expulsión por cinco años ya saben que serán sancionados. El 13 de diciembre, el rector Juan Alberto Cerisola anunció al Consejo Superior de la UNT que se ajustará al dictamen de Bascary aunque con un matiz: llamará suspensión a la mentada expulsión. Al cierre de 2011, los actos administrativos correspondientes (son individuales) estaban siendo dictados y notificados a sus respectivos interesados.