La Legislatura de Tucumán se apresta a homologar el próximo miércoles una nueva suba en las alícuotas del Impuesto a los Ingresos Brutos, constituyéndose de esta forma en la segunda vez en menos de un año que se determina tal incremento en dicho instrumento impositivo.

Como se recordará, en marzo pasado el parlamento local, gracias al acompañamiento en bloque brindado por la mayoría oficialista, estableció un ascenso en la tasa de las operaciones comerciales en un nivel que osciló entre el 2,5 al 3,5 por ciento. Con la actual iniciativa, que acaparó un veloz tratamiento en la Comisión de Hacienda y Presupuesto al finalizar la semana, lo que se pretende es equiparar todas las actividades a ese valor pero a partir del 1 de enero del año próximo.

El encarecimiento fiscal postula una serie de modificaciones a la Ley 8.467 (Ley Impositiva de la Provincia), entre las que se que se incluye el reemplazo de las alícuotas para casi 400 actividades productivas. Asimismo, con la normativa se habilitará al Poder Ejecutivo a establecer las sub categorías de inmuebles urbanos y rurales para el pago de tributos.

De acuerdo a lo consignado en el proyecto en sí, se resalta "la necesidad de poner en un plano de igualdad en la fijación de alícuotas a todas las actividades frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos". En tal sentido, las alícuotas en cuestión que hoy por hoy se encuentran fijadas entre un 1,4 y un 1,8 por ciento, con la aplicación de esta ley crecerán hasta el 3,5 por ciento desde el 1 de enero de 2013 (vale señalar que no se han estipulado ascensos o variaciones en aquellos rubros que están exentos de pagar este tipo de impuesto). También, se dejó aclarado en el proyecto que la suba no impactaría en los productores radicados en Tucumán, lo que se complementa con la ley de Promoción Industrial que el Gobierno elaboró para su debate ese mismo miércoles.

Entre otro de los aspectos a modificar en el régimen fiscal de la provincia y que se pondrá a consideración de los legisladores, se estipula la habilitación a los abogados del Estado a percibir honorarios cuando actúen en representación del fisco y siempre que no sea la Provincia la que deba pagarlos. El proyecto también establece que será el Poder Ejecutivo fijará la forma en la que se distribuirán esos fondos.

Enfocado el análisis en lo que respecta a materia procesal, las reformas impositivas propuestas por el alperovismo permitirán que se dispongan medidas cautelares sólo con la presentación del título ejecutivo que justifique el reclamo fiscal. Según la iniciativa, no se podrá requerir prueba o cumplimiento de algún otro requisito y el juez competente deberá decretar la medida sin más trámite.

Por su parte, la Democracia Cristiana salió a cuestionar el proyecto de ley que prevé autorizar a la Caja Popular de Ahorros a la sustitución de fondos de garantía expuestos en plazo fijo por Letras del Tesoro, con el objeto de hacer frente al pago del aguinaldo para la Administración Pública.

En tal sentido, el legislador José Páez se preguntó "qué pasó con los fondos del Estado provincial reflejados en el Presupuesto 2012" por no hacer uso de los mismos para afrontar el pago aludido. A su vez, el opositor adujo no encontrarle sentido a "que se pida auxilio financiero para el pago del aguinaldo que hay que devolver cuando haya que pagar el mismo", es decir en diciembre venidero.