El jefe del principal bloque opositor, Juan Carlos Olivero, buscó mostrarse cauto cuando salió del cónclave, pero admitió que el mandatario "no nos dio ninguna definición a todos los temas que le planteamos" y que el encuentro "se circunscribió" al veto del Poder Ejecutivo a ley de regalías hidrocarburíferas que habían votado en conjunto el vernismo y los frepamistas.

La cita en el despacho de Jorge se extendió durante algo más de tres horas. Arrancó a las 18.30 y se extendió hasta unos minutos antes de las 22. A diferencia de lo ocurrido en la primera reunión, esta vez sólo concurrieron legisladores del radicalismo (Hugo Pérez, Sergio Pregno, Lidia Duperoú, Delma Sánchez, Carlos Bruno, Martín Berhongaray y Alejandro Odasso, aunque los dos últimos se retiraron antes), ya que otros integrantes de la bancada debieron permanecer en Diputados por actividades propias de sus tareas.

Olivero, a la salida de la Casa de Gobierno, enumeró un largo listado de cuestiones que le propusieron a Jorge: coparticipación provincial, recálculo para los jubilados entre 1996 y 2010, obras públicas para los municipios, demanda ante la Corte Suprema por el río Atuel ("lo tratamos al pasar") y la creación de una Auditoría General que dependa del Poder Legislativo. Este último punto apuntaría a una mayor transparencia institucional y a que cualquier ciudadano tenga acceso a la información pública, algo a lo que ni siquiera accede la prensa a pesar de una ley que rige desde hace casi veinte años.

"No nos dio ninguna definición de nada -remarcó el legislador de la UCR-. La verdad, fue que la reunión terminó circunscribiéndose al veto del Poder Ejecutivo a la ley de regalías. El gobernador nos pidió que no insistiéramos con ella, pero en su veto no ofreció ninguna alternativa. Así que desde el bloque ratificaremos la ley".

La gran diferencia entre las partes es que Diputados pretende que el 20 por ciento de lo recaudado por las regalías se coparticipe automáticamente con las comunas. La suma ronda en los 96 millones de pesos para 2013. Jorge adujo en el veto que la norma es inconstitucional porque se votó un aumento de gastos que excede el cálculo de recursos previsto en el proyecto oficial de presupuesto. Olivero lo refutó: "No se trata de gastos, sino de una reasignación de recursos dentro del presupuesto, y los diputados estamos facultados para hacerlo".

Convicción, no oportunismo.

"Yo no digo que esté mal que el gobernador se preocupe por las finanzas, pero desde el Frepam el tema de la coparticipación lo planteamos por convicción y no por oportunismo -destacó Olivero-. Hugo (Pérez) presentó un proyecto en 2010. Además, esos 96 millones de las regalías si son coparticipables irán fundamentalmente a municipios justicialistas, que son mayoría. Está claro que no somos oportunistas".

-¿Cómo es la propuesta de la Auditoría?

- Como oposición no queremos que nos den el Tribunal de Cuentas. Lo que planteamos es la creación de una Auditoría que, dependiendo de la Cámara de Diputados, supervise las cuentas públicas.

-¿Con lo que acaba de decir, y después de dos encuentros, se puede decir que en la provincia hay diálogo institucional?

- No, aunque nosotros insistiremos en este tipo de reuniones porque pretendemos que se debata un conjunto de temas que hacen a la provincia. No se fijó un día para otro encuentro, aunque reitero que seguiremos fomentándolos.

Lo que Olivero no dijo públicamente, otros pares lo dejaron trascender en "off", al expresar que a Jorge "lo único que le interesan son los números, la cuestión presupuestaria". También se oyeron quejas por la visión que mostró del campo. Y hasta hablaron del "sabor amargo" que les quedó al escuchar de boca del mandatario la propuesta de crear comisiones que después terminan resolviendo poco.

La frase más cortante fue la de alguien que se fue muy molesto: "Para mí fue una pérdida de tiempo".

¿Reunión con la Fuchad?

Informalmente, el gobernador Jorge le habría prometido anoche al diputado radical Berhongaray mantener, en los próximos días, una reunión con la Fundación Chadileuvú para hablar del conflicto con Mendoza por las aguas del río Atuel. La entidad, que obtuvo un fallo favorable en el Tribunal Latinoamericano del Agua, está pensando en presentar una demanda ante la Corte Suprema. El gobierno, en cambio, aspira a una solución política con las autoridades cuyanas.