Diputados y senadores deberán abocarse de lleno al temario de las Sesiones Extraordinarias. Dos propuestas de nuevos endeudamientos ganan el centro de la atención parlamentaria. Aumentaría en un punto porcentual la coparticipación a los municipios.
Si bien oficialmente el período de Extraordinarias comenzó el viernes pasado con la Asamblea Legislativa, la labor "real" de los diputados y senadores comenzará el miércoles y jueves, respectivamente, cuando realicen sus sesiones. A pesar de que el temario girado por el gobernador, Ricardo Colombi, contiene el tratamiento de una decena de proyectos, dos ellos centrarán la atención ya que hacen referencia a un endeudamiento por U$S190 millones de dólares (unos 730 millones de pesos) que colocan a la coparticipación provincial como garantía de pago. Respecto de la toma de créditos, el primer proyecto autoriza al Poder Ejecutivo para contraer una deuda hasta la suma de U$S150 millones más sus intereses, comisiones, gastos y accesorios, con un plazo mínimo de amortización de quince años, para el financiamiento de los proyectos del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP). Sobre este crédito, el coordinador ejecutivo del PROSAP (un funcionario nacional), Jorge Neme, estuvo días atrás en Corrientes para explicar los alcances del programa. Neme fue recibido por el Gobernador y se reunió con funcionarios y legisladores provinciales. El otro pedido de crédito permitiría al Ejecutivo provincial contraer deudas hasta los U$S40 millones en el marco del Programa de Infraestructura Vial Federal. En ambos casos, legisladores enrolados en la oposición aseguraron que, antes de aprobar un nuevo endeudamiento, solicitarán conocer cuál será el destino específico de los montos. "No vamos a dar un cheque en blanco", comentaron varios diputados justicialistas. Por otra parte, también se debatirá la modificación del artículo 87 de la Ley Nº4.752 (Orgánica de las Municipalidades), que permitirá el incremento de la coparticipación que se distribuye entre las comunas. El artículo del proyecto prevé el aumento en un punto porcentual, por lo que, la participación municipal en el producido de los tributos nacionales y provinciales, sería del 16% a partir del 1 de marzo de 2010. Otro de los proyectos que se debatirán será el que prevé la condonación de las deudas contraídas al día 30 de junio de 2009, por los productores tabacaleros con el IPT. En el texto de la iniciativa se apunta que una conjunción de diversos factores, como la caída de precios internacionales y domésticos del precio de acopio del tabaco, aumento constante de los valores de la producción, recurrencia de factores climáticos adversos y otras contingencias propias de la producción agrícola, produjeron la incapacidad financiera de los productores para devolver los créditos otorgados. El proyecto más extenso (más de una veintena de articulados con cientos de ítems) es el relacionado al ordenamiento territorial de los bosques nativos de la Provincia. La iniciativa propone un nuevo cuerpo legal para la gestión del recurso natural forestal. También se prevé el tratamiento del proyecto por el cual se propicia la adhesión a la Ley Nacional Nº26.509, de Emergencia Agropecuaria. La iniciativa también establece la conformación de una Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria que estaría integrada por representantes de los ministerios de Producción, Hacienda, Gobierno y de Obras; del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; del Banco de la Nación Argentina; del Banco Provincia de Corrientes; de entidades del sector agropecuario con personería jurídica y de los municipios afectados. Entre otras funciones estaría el de proponer al Ejecutivo Provincial la declaración de emergencia agropecuaria de la zona afectada con delimitación del área territorial. El último proyecto que debe ser debatido estima varias modificaciones a la Ley Nº5.853, que regula el funcionamiento de la Fiscalía de Estado. Senado Tres de los proyectos que están incluidos en el temario de Extraordinarias deben ser debatidos únicamente por la Cámara de Senadores. Se trata de pliegos para la designación de funcionarios judiciales. Los proyectos enviados por el Ejecutivo prevén la designación del Fiscal de Estado (Juan David Antonio Castelló), Juez Contencioso Administrativo (María Gabriela Romero Feris) y Cámara de Apelaciones en lo criminal vocalía A (Mario Alberto Alegre).
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