El ministro de Economía, Amado Boudou, anunció esta mañana que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó que se reclame al Banco Mundial (BM), el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que condenó al Estado nacional -en forma complementaria, a Tucumán- a pagar U$S 170 millones por alterar el contrato de concesión del servicio de agua y cloacas con la Compañía Aguas del Aconquija (CAA).

Según el el funcionario, la jefa de Estado pidió al organismo que sea revisada la sentencia porque uno de los jueces del tribunal habría estado vinculado con el grupo francés de medios y telecomunicaciones Vivendi, propietario de CAA. De esta manera, el desembolso de la cifra millonaria se paralizará, hasta tanto emita su opinión el BM, señaló Boudou.

El litigio se originó en 1996, durante el gobierno de Antonio Bussi, y terminó con la rescisión del contrato (a la CA) de concesión del servicio de agua potables y cloacas. La compañía responsabilizó al Gobierno provincial de haber alterado un contrato pactado por un lapso de 30 años.