La denunciante es la jueza Marisa Bosco, por conductas cuando investigaba una presunta connivencia policial con redes de trata de mujeres.

CHOELE CHOEL (AVM).- No sólo los ministros deben responder a preguntas de la Justicia. Para hoy está citado a indagatoria el actual secretario de Seguridad de la provincia de Río Negro, Víctor Cufré. Deberá declarar ante el juez Civil –subrogante en lo Penal– Víctor Soto, en Choele Choel, en una causa que se le sigue por presunto entorpecimiento a la justicia, en la cual fue denunciante la jueza Penal Marisa Bosco.

En la extensa declaración que brindó la jueza ante el magistrado se dan detalles de las conductas que se le imputan al entonces jefe de Policía provincial, desde que se desempeñaba como subjefe. Entre las principales imputaciones formuladas por Bosco se cuenta que "estando en calidad de juez de Instrucción resuelvo comisionar al oficial Gabriel Ormeño a fin de que actúe como auxiliar en una causa, con fecha 29 de noviembre del 2007", lo que dio lugar a una serie de impedimentos y persecuciones hacia el uniformado que atribuyó a Cufré y que terminaron con la cesantía del oficial.

Antes, a raíz del llamado caso "Otoño Uriarte", el fiscal Guillermo Bodrato comenzó el 9 de abril del 2007 la investigación preliminar, la que continuó hasta el 20 de junio de 2007, fecha en la que la jueza se abocó a la causa.

El fiscal, en el marco de sus atribuciones, nombró a dos oficiales de policía, librándose los correspondientes oficios a la unidad Regional IV. Esos oficiales se desempeñaron bajo órdenes de la Fiscalía e incluso realizaron un viaje fuera de la provincia a fin de entrevistar a un testigo que podría aportar información sobre la presunta connivencia de personal policial con proxenetas de cabarets ubicados en la localidad.

Uno de estos oficiales hizo referencia a las razones por las cuales no pudo continuar investigando. Señaló que se evidenciaba reticencia en los testigos al prestar declaración, además de presiones. Lo cierto es que Bodrato los comisionó sin que hubiera reacción de las autoridades policiales de las que dependían.

Bosco explicó que "habiendo iniciando la instrucción de esa causa comencé a realizar medidas de pruebas, sin requerir en principio ninguna asistencia de personal policial (a esa fecha se encontraban imputados empleados policiales que cumplían funciones en la Comisaría 8 y en la unidad Regional IV a la que habían sido trasladados luego de que se iniciara la investigación" sostuvo Bosco.

"Es entonces que se comienza a advertir una permanente obstrucción, hostigamiento, etc, por parte de las autoridades policiales tratando de distraer mi atención y lograr frustrar mi tarea en la investigación de la presunta vinculación policial con la trata de personas, que no fue realizada directamente por una sola persona a ese momento, pero que respondió –estoy segura– a una intencionalidad por parte del subjefe de Policía en ese momento, Víctor Cufré, que fue bajada como lineamiento a subordinados suyos, con los que tenía trato diario" menciona textualmente la jueza Bosco.

Recordó que "el en ese momento jefe de la Unidad Regional, Hernández, pretendió desconocer la facultad indiscutida de todo juez de comisionar a determinados empleados policiales, pretendiendo que no designara a Ormeño en la investigación de un robo calificado. Más tarde se me pretende vincular con un imputado de esta jurisdicción en el robo de una bomba de agua". Explicó que uniformados dejaron "constancia en el libro de parte diario de una Unidad que mi vehículo se encontraba en una zona de la localidad (señalando marca y patente) y a escasos metros circulaba ese imputado, obteniendo como respuesta al requerir explicaciones, por parte del jefe de la unidad 8°, que yo no había confiado en ellos (refiriéndose a la Policía provincial) en oportunidad de realizar los allanamientos en los cabarets, requiriendo los servicios de la Policía Federal" agrega la magistrada.

"Pocos días después del incidente con el jefe de la Regional IV, el comisario Cufré dispone el traslado del oficial subinspector Gabriel Ormeño a Bariloche, pretendiendo no conocer que estaba comisionado por la suscripta, traslado que el nombrado oficial no cumplimenta por estar precisamente comisionado por mí, ya que de lo contrario incurriría en desobediencia judicial. Esto derivó en un sumario administrativo, con retención total de sus haberes y luego su cesantía de la fuerza policial".

Agrega además "que al momento de llevar a cabo los allanamientos con la Policía Federal en los cabarets de esta localidad, se encontraba en la ciudad Cufré, quien no hizo ninguna referencia a los motivos por los cuales se encontraba y tampoco respecto a los procedimientos que se estaban llevando a cabo a cargo de la Federal, lo que llamó poderosamente mi atención. Más aún cuando una de las empleadas policiales me indicó que se había acercado a ella –durante la realización de un allanamiento– un oficial, pretendiendo conocer, a requerimiento de Cufré, si se haría un procedimiento similar en el domicilio de una persona de apellido Delgado Cártez, (quien al momento del allanamiento se encontraba como encargado del mismo), a lo que la empleada contestó que si quería saber algo se dirigiera a la jueza. Previamente este oficial, mientras se llevaba a cabo el allanamiento, habría intentado ingresar al local, siendo impedido su ingreso por el personal de la Policía Federal".